Los agricultores denuncian a Reyero por prevaricación al no suspender la concentración

Un grupo de propietarios afectados por la concentración parcelaria de la demarcación 8 del Páramo Bajo (Páramo Medio) denunciaron ayer al jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León, Fidentino Reyero, por posible prevaricación y cohecho. La demanda se presentó a última hora de la mañana ante la fiscalía de León. Según señaló el abogado de los afectados, «se ha presentado la denuncia en Fiscalía, dado que no han tenido otra opción. Los responsables de la Junta de Castilla y León, el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura de León y la Viceconsejería conocen las ilegalidades y no han hecho nada para impedir que las mismas produzcan daños gravísimos a muchos agricultores y conflictos vecinales. Hemos intentado hablar y explicar la situación numerosas veces y hemos hecho reiteradas peticiones de suspensión que no han sido atendidas».

Según ha reiterado, el proceso de reconcentración en el citado sector 8 que afecta principalmente a las localidades de Palacios y Pobladura de Fontecha, no se han cumplido las normas que marca la ley que la regula. Supuestamente puede haber habido defectos graves en la redistribución de las parcelas y tratos de favor hacia unos propietarios. Además la Junta está obligando a la toma de posesión de las nuevas fincas cuando aún no se han realizado las infraestructuras necesarias.

Los propietarios piden a la Fiscalía que «sin perjuicio de otras medidas, y con carácter de urgencia, se inste la adopción de medidas provisionales necesarias para suspender la vigencia de la citada resolución (la que obliga a la toma de posesión de las nuevas parcelas), dados los problemas de orden público que el mantenimiento de la ejecutividad de dicha resolución, manifiestamente está provocando».

La propia demanda explica los antecedentes de los hechos y es un paso más en una larga lista de alegaciones y recursos que los propietarios han presentado para que se suspenda el proceso. La concentración ha provocado graves enfrentamientos entre los vecinos en los que ha tenido que intervenir la Guardia Civil. Y es que de no solucionarse pronto el problema, estiman que los perjuicios económicos serán muy grandes al no poder explotar sus parcelas.