La Junta cierra la residencia de menores tras la marcha de las Hijas de la Caridad

La gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León se verá abocada a cerrar la residencia para menores desamparados Fernández Fuentes de Cistierna el próximo curso, tras la decisión de las religiosas que gestionaban desde hace 34 años el centro de no continuar al frente de la institución.

Las responsables de las Hijas de la Caridad reconocieron que el próximo mes de julio romperán el convenio de regencia que habían suscrito con la Junta ante «la falta de vocaciones, lo que nos está obligando a agruparnos en menos centros y a abandonar la gestión que hemos venido realizando desde 1977 en Cistierna».

En la residencia, de veinte plazas, se atiende actualmente a una quincena de niños y jóvenes de 4 a 17 años de edad que, según la Junta «se reubicarán dándoles los mejores recursos posibles». Esos recursos son, siguiendo las recomendaciones del Senado, «el acogimiento familiar en primer lugar o el traslado a otros centros similares», explica Servicios Sociales. La gerencia también insiste en que el edificio, ubicado en la céntrica avenida de la Constitución, no es propiedad de la Junta, sino de la familia Fernández Fuentes, quienes cedieron a finales de los setenta el inmueble para fines sociales con la condición de que fueran las Hijas de la Caridad quienes efectuaran la gestión.

«De ahí que la marcha de las religiosas fuerce el cierre de las instalaciones, ya que ni son nuestras ni poseemos la gestión, que estaba concertada con las monjas», matizan.

Respecto a la plantilla de la residencia, está compuesta por la directora, dos educadoras, dos hermanas de la comunidad religiosa gestora (como personal colaborador) y cinco empleados de servicios (cocinero, ayudante de cocina, de mantenimiento, limpieza y lavandería). Las Hijas de la Caridad regresarán a los centros de Villaobispo y León y para los empleados dependientes de la Junta «se buscará una solución», señalan.

El responsable autonómico de FSP-UGT en León, Mateo Llugueros, afirma que el futuro de esos cinco trabajadores «es incierto». Lamenta que la gerente regional de Servicios Sociales no les recibiera el pasado día 6 «cuando tenía concertada una reunión con nosotros para hablar del tema». Un encuentro en el que pretendían esclarecer la situación del centro Fernández Fuentes, después de que las religiosas que dirigen la residencia comunicaran su intención de no continuar con el servicio. Llugueros asegura que FSP-UGT León ha intentado con diferentes organismos dependientes de la gerencia de Servicios Sociales conocer el informe de las condiciones laborales de esos trabajadores y ante la falta de respuestas exigirá el acuerdo suscrito con la entidad religiosa. «Damos por supuesto que a los trabajadores se les reubicará en otros centros, pero queremos estar al tanto», comenta.

Tan solo quince centros de protección a la infancia de los 79 existentes en la comunidad (el 18,99%) son de titularidad de la administración autonómica que, en muchos casos, no los gestiona de forma directa.