Galicia mantiene su recurso contra el carbón pese al compromiso de Industria
El ministerio se comprometió con los camioneros gallegos a compensar a las centrales
El presidente Herrera y el presidente gallego, Núñez Feijoó, en una visita a León.
La Xunta de Galicia mantiene ante el Tribunal Superior de la Unión Europea el recurso contra el real decreto de incentivos al consumo de carbón nacional, que en la práctica lleva aplicándose desde el pasado mes de febrero, cuando el alto tribunal europeo rechazó las medidas cautelares solicitadas por las grandes eléctricas del país contra la misma norma. Y lo hace pese a que el Ministerio de Industria se ha comprometido reiteradamente a compensar a sus centrales térmicas (que funcionan con carbón importado) por los posibles perjuicios que pudieran sufrir por la medida de apoyo a la minería nacional. Perjuicios que a día de hoy no existen, porque mientras el real decreto da sus primeros pasos titubeante las térmicas de carbón importado han seguido funcionando prácticamente con normalidad.
Incluso los camioneros gallegos que llevan el carbón importado desde los puertos a las térmicas, el sector que más se movilizó contra la aplicación del incentivo que devolvía cierta normalidad al sector minero nacional, se comprometieron por escrito con Industria a «solicitar» a la Xunta y a los ayuntamientos de As Pontes y Cerceda la retirada del recurso que en su día presentaron contra la aplicación del real decreto del carbón.
El Ministerio de Industria se comprometió por escrito el pasado mes de marzo, en una reunión con este colectivo de camioneros, a mantener activo un Comité de Seguimiento que en su día se creó para analizar los efectos de la aplicación del real decreto en las centrales gallegas, y para detener las movilizaciones de este colectivo. Hay que recordar que la paralización en la aplicación de la norma sobre incentivos llevó a expedientes de regulación de empleo no sólo a todos los trabajadores de las minas leonesas, sino también a los de las subcontratas y a los colectivos que trabajan para este sector. Entre ellos, los camioneros leoneses.
El ministerio recuerda en el escrito firmado con los transportistas gallegos que el real decreto no supone riesgo de cierre de las centrales de Galicia, pero añade que harán un seguimiento minucioso y que si se detectasen perjucios para las centrales de carbón de importación «habrán de establecerse, en el marco de la normativa europea y española, las medidas compensatorias correspondientes que deberán tener en cuenta la situación de los intereses y colectivos afectados». Una de las principales trabas que la aprobación del real decreto de incentivos tuvo en los despachos europeos fue la intención inicial del Gobierno de introducir el concepto de lucro cesante para las centrales que se vieran perjudicadas por la prioridad que se le da al carbón nacional como industria estratégica. La UE rechazó este tipo de compensaciones.
El caso es que todos estos argumentos no han servido para que la Xunta de Galicia reconsidere su posición sobre la demanda presentada contra el real decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Sólo la Comunidad de Castilla y León ha presentado una demanda de personación en el caso, para apoyar la decisión de la Comisión Europea aprobando el incentivo, que estará vigente hasta el 2014.