Castilla y León prepara su alegación contra la demanda de la Xunta
La Junta de Castilla y León ha presentado una demanda de intervención en apoyo de la Comisión Europea en la demanda presentada el pasado 10 de noviembre contra ésta por la Xunta de Galicia, que solicita la anulación de la decisión de aprobar «una ayuda estatal en forma de compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono». La Xunta solicitó, como las grandes eléctricas, medidas cautelares para impedir la aplicación de la medida hasta que haya una decisión firme del tribunal europeo.
Castilla y León considera en su demanda de personación que la impugnación tiene «unos efectos catastróficos en la región, tanto desde el punto de vista económico como social». Y asegura que el recurso gallego «afecta intereses estratégicos y al mismo funcionamiento de la Comunidad», por lo que «se ve obligada a solicitar su personación como parte coadyugante paa poder defender sus recursos y los intereses económicos y sociales en juego».
Recuerda la Junta que cuatro de las diez centrales térmicas que funcionan con carbón nacional y se ven beneficiadas por el real decreto están en Castilla y León, y que el mineral que consumen procede de las minas ubicadas en las inmediaciones de estas centrales. Estas instalaciones tienen ahora preferencia de entrada en funcionamiento frente a otras centrales, y su competitividad depende de la producción de carbón autóctona.
Según la demanda de personación, la impugnación del real decreto «incide en la actividad minera de Castilla y León, puesto que las centrales afectadas consumen en gran parte el carbón autóctono para la combustión y están obligadas a tener un acuerdo de adquisición con las empresas mineras de la región». La Junta recuerda también que la actividad minera «ha tenido siempre una gran importancia, ya que ha sido uno de los factores que más han contribuido al desarrollo económico y social de la región, siendo la primera Comunidad en valor añadido bruto minero de España». Por lo que considera a la minería un sector estratégico de la economía autonómica, «ya que por las especiales características geográficas y socioeconómicas de sus cuencas mineras tiene una alta dependencia de esta minería para el mantenimiento de la activiad económica y, por tanto, de la población de dichas cuencas».