Las sentencias contradictorias privan del IBI de la AP-66 a seis municipios
Santovenia, Cimanes, Onzonilla y Sena de Luna sí cobran 2,3 millones de la autopista
Sena, que aporta suelo a la autopista desde el puente Fernandez Casado, ha cobrado el IBI.
El penúltimo episodio del culebrón judicial por la exención del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la autopista León-Campomanes ha dejado mal sabor de boca a parte de los ayuntamientos que reclaman el pago de esa compensación desde hace seis años. Los fallos contradictorios por parte de los tribunales han permitido que cuatro de los ayuntamientos afectados sí cobren los atrasos de ese impuesto frente a los otros seis que paladearon la miel en sus labios y se quedaron sin el pastel, tras una pirueta legal del Estado.
Santovenia de la Valdoncina fue el primer municipio en ingresar hace dos años los 552.000 euros del IBI adeudado del 2001 al 2004 por atravesar su territorio la autopista. Le siguió Sena de Luna, que recibió una cuantía más abultada de 1,5 millones. La suerte de ambas corporaciones fue el olvido del abogado del Estado, que no recurrió sus sentencias favorables. Parte de ese dinero ya lo han invertido en farolas, pavimentaciones y saneamiento.
Los otros dos municipios leoneses que también han percibido las compensaciones, Cimanes (120.000 euros) y Onzonilla (110.000 euros) las lograron a pesar del recurso de casación interpuesto por el Gobierno ante el Supremo, ya que el alto tribunal rechazó la petición gubernamental por tratarse de cantidades inferiores al medio millón de euros.
La cruz del proceso la cargan, hasta el momento, Valverde de la Virgen, Carrocera, Soto y Amío, Los Barrios de Luna, Rioseco de Tapia y Pola de Lena (Asturias). A ellos, el TS les arruinó sus expectativas de recuperar el IBI alegando que el Estado no podía hacer frente a esos pagos «por la mala situación económica del país». Precisamente esas incoherencias en los fallos judiciales, que han permitido cobrar a unos ayuntamientos y a otros no será el principal argumento que esgrima el colectivo de afectados ante el Tribunal de Estrasburgo. Una medida que están estudiando y que decidirán si la emprenden en una reunión que celebrarán durante la segunda semana de julio en Valverde. El regidor, David Fernández (PP) explica que la petición estaría basada en «el agravio comparativo» que generan las sentencias, al desestimar las aspiraciones de unos ayuntamientos frente a otros que sí han podido ingresar 2,3 millones de euros.
De Cenicero al Espinar. De hecho, los diez municipios se pusieron en marcha, tras agotar la vía política, al conocer que el pequeño ayuntamiento riojano de Cenicero pudo cobrar compensaciones del Estado por la exención del IBI de la autopista Vasco-Aragonesa, tras una larga lucha en los tribunales.
Un espaldarazo que también llegó a los reclamantes de León de la mano del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, el Supremo dio un giro al dictaminar «en contra de los criterios que habían mantenido hasta la fecha sobre el pago de las compensaciones de la autopista», expresa Fernández. El primer fallo desestimatorio del pago del IBI la recibieron los municipios de El Espinar (Segovia), y Pontevedra (Galicia). A partir de ahí, el TS se ha ido pronunciando sucesivamente sobre 58 ayuntamientos del territorio nacional que exigieron a través de los tribunales el reintegro del dinero.