El Supremo confirma la paralización del parque eólico Curueña II en Omaña
SEO reclama a la Junta que revoque las autorizaciones concedidas en la comarca
El Tribunal Supremo ha confirmado la paralización del parque eólico Curueña II, ubicado en Riello, y ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que considera que la evaluación de impacto ambiental de las instalaciones autorizadas por la Junta de Castilla y León en la zona de Omaña debe contemplar el impacto sinérgico de todos los parques, y no «puede ser eludida mediante la artificiosa división o segregación del parque eólico en varios proyectos de ejecución, con la finalidad de obtener declaración de impacto ambiental favorable en fraude de ley».
La decisión fue dada a conocer ayer por la organización SEO/BirdLife, que ha recurrido en total 17 parques eólicos en la comarca porque han sido evaluadas de forma fragmentada y «presentan una importante afección de los espacios de la REd Natura 2000 y a especies como el alimoche y el urogallo cantábrico».
Según explica el coordinador de conservación de la organización ecologista, Juan Carlos Atienza, en una nota de prensa, la sentencia del Supremo «es un elemento más que demuestra que en España el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está viciado y que hay que volver a refundarlo», ya que «la práctica totalidad de las autorizaciones de proyectos se lleva a cabo sin evaluar el impacto que tendrá asociado a otros proyectos construidos o proyectados».
Atienza acusa también a la Junta de Castilla y León de «falta de celo» a la hora de integrar el desarrollo eólico con la conservación de la biodiversidad, y asegura que el gobierno autonómico «ha prestado un flaco favor al desarrollo eólico en la provincia de León», y ha creado una gran inseguridad para las empresas del sector.
Ante esta situación, SEO/BirdLife reclama a la Junta «que revoque de forma inmediata todas las autorizaciones de parques eólicos en Omaña, y llegue a un acuerdo con las empresas para identificar lugares con menores impactos». Un llamamiento que hace extensivo al resto de las administraciones autonómicas «en las que tampoco se ha realizado de forma correcta la autorización ambiental».