El exalcalde repartió 21 móviles y cargó 36.000 euros en restaurantes

La nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Valderas, Cristina López, del PSOE, denuncia el «caos contable» que se encontró cuando tomó posesión tras cuatro años de gobierno de Eloy Rubio, el exalcalde del PP. «Nos ha sido imposible calcular cuánto es la deuda, cada día nos llama un proveedor y nos dice que tenemos una factura de tanto, que ni siquiera aparece. No entendemos nada. Sólo pedimos ayuda», explica la regidora.

Entre los ejemplos del gasto «brutal» del que responsabilizan a Rubio se incluyen 36.000 euros gastados en tres años en un sólo restaurante, compras en centros comerciales y gasolineras o viajes con estancias en alojamientos de turismo rural. También se le imputan un «gasto disparatado» en teléfonos móviles, con 21 terminales de teléfonos móviles, que se le han reclamado y aún no ha devuelto al Ayuntamiento.

Todo ello figura en los informes redactados por la última secretaria municipal, que ya han sido enviados a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León y a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, tal como acordó la Corporación Municipal en el Pleno del 29 de agosto.

«Decidimos solicitar al Consejo de Cuentas de Castilla y León la fiscalización del Ayuntamiento para que nos haga la editaría y nos ayude a reconstruir la contabilidad porque son muchos años los que hay que reconstruir. Esperamos que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía investiguen este Ayuntamiento y nos den soluciones para salir de esta situación», reclama Cristina López.

Concretamente, la contabilidad municipal necesita la reconstrucción de los últimos cuatro años. El último presupuesto válido corresponde al año 2007 y la última rendición de cuentas data del 2006. La situación se complicó aún más la semana pasada con el anuncio del Gobierno Central de no entregar los tributos estatales a aquellos Ayuntamientos que no tengan las cuentas al día.

Esta falta de consignación presupuestaria ya está afectando al funcionamiento del Ayuntamiento, cuyos empleados no han cobrado en agosto, además de estar «al descubierto» por la deuda de 500.000 euros con la Seguridad Social, que no se hace cargo de eventuales accidentes laborales.

«Asfixia financiera». Por otra parte, Iberdrola también reclama facturas por valor de 100.000 euros y amenaza con cortar el suministro eléctrico a las instalaciones municipales si antes de que finalice el mes el Ayuntamiento no paga 40.000 euros.

El servicio de Empleo de la Junta de Castilla y León (Ecyl) es otro de los acreedores. Reclama la devolución de subvenciones por valor de 25.000 euros, cuyas inversiones no han sido justificadas y se han incumplido totalmente las bases de la concesión.

Todo ello ha llevado a este Ayuntamiento a una situación «de asfixia financiera, de bancarrota total, sin liquidez y con deudas millonarias».

Por último, el nuevo equipo de Gobierno pide que también se esclarezca el funcionamiento del Ayuntamiento después del cese de uno de los últimos secretarios, cuya plaza no fue cubierta hasta cerca de un año después.