Más de 540 productores podrán sacar el excedente de patata a un precio «justo»
La Junta firma un acuerdo con diez cadenas de distribución en 4.000 puntos de venta.
La consejera de Agricultura firma el acuerdo de distribución de la patata de Castilla y León.
Vender la patata de Castilla y León a un precio que no esté por debajo de los costes de producción. Con este objetivo selló ayer la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, un acuerdo con diez de las principales cadenas de distribución. Así los más de 540 productores leoneses de este tubérculo podrán sacar el excedente a precios «justos», en 4.000 puntos de venta del país durante los meses de octubre y noviembre.
Las cadenas de distribución que han rubricado el convenio son Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Grupo Árbol, Gadis, Mercadona, Pascual Hermanos, Sabeco y Lupa, así como la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distrución (Anged), y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
Castilla y León es la Comunidad con mayor producción de patata y, según la consejera, «no tiene sentido que las traigan de otros lugares». «Tenemos patata de primera calidad para dar respuesta a cualquiera de las demandas del consumidor», señaló, y recordó que los agricultores hacen un «gran esfuerzo» en un cultivo con los costes de producción más altos. Cada hectárea sembrada cuesta 6.000 euros a los más de 5.000 productores de la Comunidad.
En palabras de la consejera, este convenio se muestra como la «única solución para salvar la campaña». Un convenio que nace del compromiso adquirido en la última Mesa Regional de la Patata, donde se ha impulsado la creación de contratos tipo que garanticen los costes de producción.
La consejera pidió a los productores que no siembren «a riesgo propio» y que utilicen esta herramienta «fundamental» para fijar los precios y dar estabilidad a un sector dañado —según Clemente— por la caída del precio en el mes de mayo, debido a la ralentización de la venta en Andalucía, por la crisis del pepino y por la falta de una organización interprofesional nacional para el sector.
«Si se suscriben contratos se puede fijar el precio y así cubrir los costes de producción. Es una herramienta de seguridad para evitar que los precios bajen», aseguró y recordó el acuerdo que se firmó en el 2009 con nueve cadenas de distribución que se materializó en un incremento en las ventas del 60%.
El acuerdo también recoge una campaña de comunicación en medios regionales y nacionales de las hortalizas amparadas bajo la marca ‘Tierra de Sabor’.