La directiva que impone suplementos territoriales paraliza la «ecotasa»

La implantación de la tasa medioambiental a las eléctricas tendrá que esperar a la llegada del nuevo Gobierno. Y es que la Junta «sólo» se sentará a hablar con el ministro de Industria entrante para que le explique si se va a aplicar la directiva europea que obliga a imponer un suplemento territorial a las Comunidades. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró ayer en el pleno de las Cortes que la «ecotasa» no seguirá en marcha hasta que se conozca si se impondrá este suplemento, ya que no cumpliría con el requisito acordado de que la tasa no suponga un aumento en la factura de la luz de los castellanos y leoneses.

La consejera explicó que, aunque tenía pensado pedir una reunión con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya no lo hará. «Me sentaré a partir del 20 de noviembre con un ministro del Partido Popular», aseguró del Olmo, en respuesta a una pregunta oral de la viceportavoz socialista, Ana Redondo, quien recordó el acuerdo al que se llegó entre todos los grupos parlamentarios para crear el impuesto a las eléctricas.

Además, Redondo señaló al Gobierno que generar recursos es «una prioridad para los que están comprometidos con el estado de bienestar» y recordó que la «ecotasa» puede suponer unos ingresos de hasta 40 millones de euros a las arcas autonómicas. «Castilla y León es la única Comunidad que no cuenta con impuestos propios», afirmó Redondo, a lo que la consejera contestó en su turno de dúplica que la Junta «mantiene su voluntad de continuar los trabajos», pero que antes necesita que los grupos «se pongan de acuerdo».

Once meses, exactamente, han pasado desde que el 10 de noviembre de 2010 Juan Vicente Herrera informara de la aplicación de una tasa a la producción eléctrica y a las redes de alta tensión, en respuesta al recurso impuesto por las eléctricas contra el decreto de incentivos a la quema de carbón autóctono.

El 24 de noviembre de 2010, las Cortes aprobaron la creación de un grupo de trabajo, en el que establecieron el requisito de que la implantación de este impuesto no pueda suponer un sobrecoste para los consumidores. Tras recurrir a la CNE en busca de una respuesta que determine si gravar la producción eléctrica podría afectar al bolsillo de los castellanos y leones, a principios de 2011, la CNE detalló en un informe que la tasa no repercutiría en la factura de la luz. Cuatro meses más tarde, el Ministerio de Industria anunció su pretensión de imponer un suplemento territorial a aquellas comunidades autónomas que cuentan con este impuesto. Desde entonces, el borrador permanece dormido.