Silván asegura que su consejería ya trabaja en un nuevo plan para el 2012
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, aseguró ayer en Burgos que su departamento trabaja en un nuevo Plan de Residuos Industriales de Castilla y León, que verá la luz el próximo año y que se ajustará a las prescripciones medioambientales y técnicas de Europa. También aseguró que recogerá «todos los aspectos normativos y los que recoge la sentencia del TS» que se dio a conocer hoy y que anula el antiguo programa de infraestructuras por no concretar la ubicación de las instalaciones.
Silván manifestó que los centros de tratamiento de residuos están «íntimamente ligados» con el desarrollo empresarial e industrial y abogó por la necesidad de que siga siendo así. «Lo importante es que el marco normativo para las empresas y para esos centros sea un marco compatible con el medio ambiente», subrayó.
Finalmente, indicó que «la necesidad de esos centros de tratamiento de residuos industriales es así de clara para que se produzca ese desarrollo empresarial, toda la actividad productiva y también la generación de empleo».
Por su parte, el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, Vicente Villagrá, resaltó que «no se puede tener actividad empresarial si no se resuelve el problema de los residuos de las empresas». «Eso está claro, es demagogia pura y, por tanto, tenemos que apostar por hacer eso bien», sentenció.
Cobertura legal. Por su parte, el director de Calidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez, explicó que están analizando en profundidad la sentencia del Supremo para que el nuevo plan que prepara el Gobierno regional de cobertura a esta resolución y a la nueva ley estatal aprobada el pasado mes de julio, que establece que se fije criterios de instalación. Además, recordó que estas instalaciones requieren la obtención de una autorización ambiental integrada y de una evaluación de impacto ambiental, dos procedimientos «tremendamente garantistas».
Asimismo, sostuvo que desde la Junta entiende que la sentencia, contra la que no cabe recurso, no supone el cierre de las instalaciones actuales. «Nuestra impresión es que las instalaciones de eliminación tienen cobertura legal», concluyó.