valencia de don juan
El Tribunal de Cuentas investiga si dos funcionarias se apropiaron de 25.336 euros
Dos concejales descubrieron irregularidades en el cobro del alta del agua a varias empresas desde el 2005.
Las trabajadoras investigadas siguen ocupando sus puestos en el Ayuntamiento coyantino.
El Tribunal de Cuentas investiga a dos trabajadoras del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan desde noviembre del 2010 por un presunto alcance en los fondos públicos por valor de 25.336 euros.
Los hechos se remontan a agosto del 2010, cuando los por entonces concejales de Hacienda, Mariano Fernández, y de Aguas, José Jiménez, alertaron al alcalde Juan Martínez Majo, de que el importe cobrado a varias empresas por dar el alta del agua no había sido ingresado en las arcas municipales. Ante los indicios de que estas dos trabajadoras, responsables contables de estos cobros, pudieran estar implicadas en el presunto desvío de este dinero, el propio alcalde puso el tema en manos del secretario municipal e informó a la oposición, para que se siguieran los pasos establecidos en este tipo de incidentes internos. A partir de ahí, se decidió en Comisión de Gobierno encargar al secretario y al técnico municipales un estudio pormenorizado del caso. Cuando en noviembre del 2010 se concluye el informe y hay indicios suficientes que implican a estas dos trabajadoras municipales en el presunto desfalco, el Ayuntamiento coyantino remite el caso al Tribunal de Cuentas, que en febrero del 2011 abre diligencias previas contra esta dos trabajadoras después comprobar «un presunto alcance en los fondos públicos de la Corporación Local por importe de 25.336,73 euros». Es entonces cuando el tribunal dictó una providencia requiriéndolas «que reintegrasen, depositasen o afianzasen ese importe». Las dos recurrieron la providencia que fue desestimada en marzo sin costas.
El Ayuntamiento, ante la demora del proceso judicial, decide contratar los servicios de un prestigioso abogado laboralista de León y se persona como acusación particular contra estas dos personas, a través de una demanda interpuesta en junio del 2011 en la sección de enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas que sigue las diligencias previas. Por su parte, el juzgado actuará de oficio, aunque aún está pendiente de fijar la fecha de la vista oral, tras la cual se dictará sentencia.