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Mieres no tiene competencia sobre los pastos, según el Procurador del Común
Anima a la Junta a dictar la carga ganadera del puerto y declararlo de utilidad pública.
El Procurador del Común acaba de dictar una resolución de 16 páginas sobre el conflicto histórico que mantienen los ganaderos leoneses y asturianos en el puerto de Pinos. Según Javier Amoedo, «la competencia para regular la ordenación de los pastos (en la zona) no corresponde al Ayuntamiento de Mieres, tal como éste pretendía hacer en el proyecto de reglamento del 2006, si no a las juntas agropecuarias locales bajo supervisión de la Junta».
El Procurador anima a intervenir al Ejecutivo autonómico para solventar las diferencias surgidas a ambas vertientes del puerto con una regulación de los aprovechamientos. En su escrito expone dos vías para llevarla a cabo, aplicar la normativa reguladora de pastos, hierbas y rastrojeras, o bien la normativa de montes, «la más utilizada en zonas de alta montaña», precisa. Amoedo también considera que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente «debería valorar la declaración del Puerto de Pinos como monte de utilidad pública», apoyándose en que los 13 kilómetros cuadrados del puerto se encuentran dentro del espacio natural protegido de Babia y Luna. La medida «conllevaría inmediatamente la regulación del aprovechamiento de los pastos por parte de la Administración autonómica» que cree hay que perseguir.
Así, según se expone en la resolución, la Consejería podría «determinar la carga ganadera máxima que pudiera permanecer en Pinos, distribuyéndose temporalmente el periodo de estancia según los derechos que tuvieran tanto su propietario, el Ayuntamiento de Mieres (desde 1927), como los vecinos de las localidades de León (Villargusán, Candemuela, Pinos y San Emiliano».
El Procurador ‘tira de las orejas’ al Ayuntamiento de San Emiliano por no haber hecho valer su normativa urbanística y le insta a que «clausure sin más» el bar conocido como Casa de Mieres en caso de que la actividad del restaurante sea incompatible con el planeamiento del municipio.
Si, por el contrario, el local es susceptible de regularizarse, le impone como condición que sus vertidos sean autorizados por la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, reclama al Ayuntamiento que ejerza las competencias de inspección urbanística para garantizar que las obras que se ejecuten en un futuro en las viejas construcciones del puerto se adecuan a la normativa.
Extraterritorialidad. El Procurador reitera la «peculiaridad extraterritorial» del terreno, que obliga a Mieres a someter toda regulación que quiera realizar a la normativa de Castilla y León, al tratarse «de un bien que se encuentra situado en nuestra comunidad autónoma».
En cuanto a la polémica actuación de la Policía Local de Mieres en Pinos, señala que «carecen de competencia territorial y funcional para ello», y recuerda que el ayuntamiento asturiano ya fue apercibido por la Subdelegación del Gobierno en León y por la Consejería de Interior y Justicia.