Rodríguez Soto: «Han ido a por mí, es una persecución personal»

Javier Rodríguez Soto, concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Villablino, aseguró ayer en su último turno de palabra que el juicio que se celebró contra su persona como supuesto autor de un delito de desacato grave sólo obedece a «una persecución personal por parte de determinados policías municipales» y que es completamente falso que hubiera amenazado a un agente diciéndole «arrieros somos, hijo de puta, ya te cogeré por la calle cuando no vayas de uniforme, que sé dónde vives».

Soto se expone ayer a una pena de ocho meses de prisión por el incidente que según el Ministerio Fiscal protagonizó en el pleno del pasado día 19 de mayo del 2010, cuando según el escrito de calificaciones, hizo caso omiso de la orden de la alcaldesa de no hacer más fotos para que pudiera comenzar la sesión.

Dos policías le solicitaron que cesara en su actitud y se produjo un forcejeo a resultas de lo cual lo expulsaron de la sala. Ya en el pasillo, uno de los agentes fue amenazado, según consta en la denuncia. «Yo no insulté a nadie, ni amenacé a nadie. Si hubiera sido verdad, habría quedado registrado en la grabación del Pleno».

Rodríguez Soto manifestó en la sala de vistas, prácticamente llena de público por la presencia de compañeros de la formación política, que en ningún caso se resistió a entregar la cámara: «Lo que pasa es que salió volando porque se emplearon con una violencia tremenda que no venía a cuento».

Una hora de juicio. La vista oral duró alrededor de una hora y en el transcurso de la misma, dos testigos de la defensa negaron que se hubieran producido las amenazas. «Pero ¿ustedes estaban suficientemente cerca como para ver todo lo que pasó y como para escuchar lo que se dijo?», preguntó la fiscal. La respuesta fue negativa. Las tesis de la acusación pública encontraron el sustento de los policías municipales y de un vecino de Villablino: «Que insultó y amenazó, lo escuché perfectamente, porque yo estaba fuera. Que les quisiera agredir... Yo le ví a él (al acusado) levantar la mano en medio del tumulto, pero sinceramente no creo que sea tan tonto como para intentar pegar a un policía». La fiscal se mantuvo en la petición de una pena de ocho meses de prisión.

¿Falsedad documental? El letrado de Rodríguez Soto trataba de probar en la vista oral que los atestados contienen graves contradicciones sobre las horas de detención y puesta en libertad del imputado, con una clara intención de perjudicar a su cliente desde un primer momento por supuestas desavenencias personales. Pero el Magistrado Juez del juzgado de lo Penal número 1 de los de León, Lorenzo Álvarez de Quintana Toledo, hubo de hacer uso de su autoridad: «Lo que aquí enjuiciamos acaba en el momento de las amenazas. Si esas acusaciones realmente son ciertas, estamos ante un delito gravísimo de falsedad documental que puede usted denunciar en otro momento, pero no es eso lo que nos ocupa, así que limítese a las amenazas». La defensa propuso la libre absolución pero modificó sus conclusiones definitivas para el caso de que la sentencia fuese condenatoria y propuso una multa de diez días a razón de tres euros diarios por una falta.