Diario de León

Los sindicatos se movilizan ante la falta de respuesta del ministerio

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Los responsables de minería de las Federaciones de Industria de CC.OO. y FITAG-UGT ianunciaron ayer un calendario de movilizaciones ante la falta de respuesta del Ministerio de Industria para convocar con urgencia la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón.

Así lo anunciaron ayer en Oviedo, tras un encuentro entre los responsables de ambos sindicatos para pedir al Gobierno central un encuentro en el seno de dicha comisión, para conocer sus planes respecto al futuro del sector.

Las movilizaciones consistirán en la celebración de asambleas de delegados y trabajadores de la minería en todo el territorio nacional y concentraciones ante las delegaciones del Gobierno en las siete comunidades autónomas con actividad minera.

Según han informado los sindicatos en un comunicado, existe una gran tensión e incertidumbre en las comarcas mineras, «en gran parte debido a la falta de respuesta que de manera irresponsable está trasladando este Gobierno» desde que tomó posesión. A su juicio, algunas de las últimas decisiones «quiebran el diálogo social», por lo que exigen que lo retome en el marco establecido».

Riesco defiende a Soria. Por otra parte, el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, aseguró ayer que las últimas declaraciones del ministro de Industria demuestran la apuesta del PP por la continuidad del sector del carbón. Riesco aseguró que la defensa que ha hecho Soria del sector «garantizan y dan coherencia» al compromiso con el carbón que, insistió, siempre ha definido a su partido. «Sé que hay quien le gusta mostrar la situación de forma contraria, pero los hechos son tozudos», manifestó. Y defendió la «eficacia» que habría tenido el primer Plan del Carbón desarrollado por el PP bajo el gobierno de José María Aznar, frente a los resultados del programa posterior, que habría sido «tremendamente ineficaz».

El regidor entiende que el nuevo ministro establecerá un marco «estrecho» de relación con el sector en los próximos cuatro años para garantizar el futuro de las explotaciones y buscar alternativas económicas.

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