El Gobierno recorta 46 millones de los incentivos a la quema de carbón
La medida se incluye en el paquete para reducir el déficit de tarifa de la electricidad.
El primer anuncio concreto de los recortes que afectarán al sector del carbón llegó ayer de la mano del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien cuantificó en 46 millones de euros la rebaja que aplicará el Gobierno a los incentivos a las centrales térmicas por la quema de carbón nacional. Se trata de un recorte de un 10% sobre el importe de las ayudas, cifrado en 463 millones de euros, aunque aún no ha trascendido a qué factor afectará esta restricción presupuestaria.
Según fuentes del sector, el anuncio de Soria —realizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros— no puede ser valorado hasta que no se conozca cuál va a ser la repercusión. Dichas fuentes señalaron ayer que el recorte puede afectar al precio de la energía que van a generar las centrales térmicas que queman carbón nacional o a los volúmenes, «lo que supone que se reducen los precios de todos los componentes que forman parte del kilowatio».
En este último caso, el recorte puede afectar al volumen de carbón nacional que queman las centrales o a la parte que se refiere al almacenamiento estratégico de carbón. También está en juego el volumen de carbón que quedó sin quemar el año pasado respecto a lo que se recogía en el Real Decreto de Restricciones por garantía de suministro aprobado en el 2011.
Quema pendiente
El grado de cumplimiento de la orden alcanzado en el ejercicio pasado fue del 79% por lo que no se consiguió quemar la totalidad del carbón pactado entre eléctricas, mineras y el Gobierno, y que se refería no sólo al consumo de la producción de las minas sino a la reducción de las reservas de mineral acumuladas por las centrales térmicas durante el conflicto que mantuvo parado el sector.
La medida anunciada por el ministro Soria forma parte del paquete diseñado para reducir el déficit de tarifa, con un agujero estimado de 3.147 millones de euros. Para ajustar este déficit, a las eléctricas les corresponde una reducción de 1.300 millones. Por ello, deberán renunciar a 688 millones de euros en los pagos de la distribución y van a sufrir un recorte del 10%, cifrado en 84 millones, en los importes que reciben a cambio de tener las centrales de generación disponibles. A esto se añade una reducción de 56 millones a las empresas que aceptan desconectarse de la red en las horas punta.