Dos detenidos por estafar 1,8 millones a varios ayuntamientos y bancos
Intentaron cobrar dos veces una factura al consistorio de Matallana de Torío.
La empresa propiedad de los detenidos realizó obras en el cámping de Matallana de Torío.
La Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado una trama que actuó en las provincias de León, Palencia, Burgos y Valladolid a través del cobro de facturas falsas a varios organismos oficiales, entre ellos ayuntamientos, así como a bancos y empresas. La operación, denominada «Garrotazo», se ha saldado con la detención de dos personas, una mujer y su padre, de 35 y 70 años, a los que se les acusa de haber estafado 1,8 millones de euros cobrando, en unos casos, obras no ejecutadas, y en otros, falsificando facturas.
Este último fue el caso al que se enfrentó el Ayuntamiento de Matallana de Torío al que, según señaló ayer su alcalde, Iván Donoso, la constructora palentina propiedad de los dos imputados le intentó cobrar dos veces una factura por las obras ejecutadas en el cámping de la localidad. El alcalde se percató del intento de estafa cuando la entidad bancaria le pidió el abono de una certificación de obra que ya había sido abonada, según Donoso, quien aseguró que la segunda factura nunca se hizo efectiva. «No me cuadraba el importe de la segunda factura, por lo que me puse en contacto con la entidad bancaria y pusimos el caso en manos de un abogado».
La empresa palentina se hizo cargo de la ejecución de las obras de remodelación del cámping, que estaba presupuestada en 450.000 euros. «De hecho —asegura Donoso— aún tenemos 60.000 euros pendientes de pagar a esta empresa por la obra, aunque no los abonaremos hasta que el juez no determine a quien tenemos que abonar este dinero».
La operación de la Guardia Civil se puso en marcha el pasado mes de abril cuando la Fiscalía de Valladolid acordó incoar diligencias por una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Santovenia, en Valladolid por la falsificación de varias facturas emitidas al consistorio.
Los agentes identificaron a la persona encargada de realizar los trámites burocráticos, que resultó ser la apoderada de la empresa constructora.
En algunos casos, la empresa facturó a los ayuntamientos estafados hasta tres veces obras que no había realizado, facturas negociadas y cobradas en varias entidades bancarias. Además, según las fuentes de la investigación, en algunos casos se cobraron en tres ocasiones trabajos que sí habían ejecutados por la empresa.