La Bañeza
La deuda a los proveedores sube 165.000 euros por las alegaciones
Unanimidad en los grupos en la defensa del partido judicial.
Imagen de archivo de los juzgados de La Bañeza.
El Ayuntamiento de La Bañeza saldará finalmente 2.793.965,72 euros, 165.684 más de los inicialmente previstos, los que se financien con cargo al crédito del plan de pago proveedores del Gobierno central. La diferencia con respecto a la cantidad que se había presentado en un primer momento es consecuencia de las reclamaciones presentadas al plan por diferentes empresas, acreedoras del municipio bañezano. Hay que reseñar, además, que 16 proveedores han declinado adherirse al plan de pago, lo que resta 7.947 euros a la cantidad que se pagará mediante el programa.
El Pleno de la corporación bañezana aprobó ayer por unanimidad la operación crediticia, tal y como se esperaba, después de que PP y UPL respaldasen tanto la cancelación de estas deudas como el plan de austeridad que le acompaña, por lo que los portavoces de los grupos no intervinieron antes de pasar a la votación.
El volumen de sentencias
También contó con unanimidad la moción para que La Bañeza conserve su partido judicial. Los tres grupos municipales habían consensuado el texto de la propuesta, que se remitirá ahora al Consejo General del Poder judicial, al Tribunal Superior de justicia de la autonomía y a la Consejería de Interior y Justicia de la Junta.
La moción contempla las 380 sentencias entre asuntos penales y civiles que dictaron de media cada uno de los juzgados de La Bañeza el año pasado, «criterio que por sí mismo justicia la permanencia del partido judicial y de sus dos juzgados de Primera instancia e Instrucción y refuerza su necesidad de permanencia atendiendo a sus particulares circunstancias geográficas, demográficas y de dificultad de comunicación», reza el texto consensuado.
Contar con unos juzgados modernos, con un edificio con menos de diez años, lleva a los grupos a solicitar nuevos servicios de la Administración de Justicia para La Bañeza, al disponer de «capacidad suficiente para ubicar los juzgados de otras demarcaciones afectadas».
La propuesta considera que eliminar el partido judicial es contradictorio con los criterios del Consejo General de Poder judicial, ya que, en ocasiones, se superan los 90 kilómetros de distancia y la hora en coche de viaje con respecto a la sede judicial.
Además, los grupos políticos bañezanos cuestionan el ahorro que podría traer la medida, «pues debería ir seguida de la dotación en los juzgados de León de idéntico o similar número de jueces y funcionarios», además de los medios para funcionar. También se señala el colapso que sufren los juzgados de la capital.