La Bañeza
Las instituciones comarcales se unen por la continuidad del partido judicial
Una plataforma recabará apoyos y tratará de influir para mantener los juzgados.
Un instante de la reunión celebrada para mantener el partido judicial.
El rechazo a la reforma de las demarcaciones judiciales, que en León supondría su fusión en León y Ponferrada, quedó patente ayer en la reunión a la que asistieron representantes municipales, partidos políticos, asociaciones de diversa índole y abogados y procuradores de todo el Partido Judicial de La Bañeza.
En una reunión que se celebró en el salón de actos de la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras, llena a rebosar, los presentes crearon una comisión de seguimiento de la reforma que trate de influir en ésta, de manera que el área de influencia de La Bañeza no pierda los juzgados, servicio que se considera esencial para fijar población y para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y elaboraron un documento de rechazo a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) para que lo incorpore a los informes que ha de recibir de los diferentes juzgados para el día 25.
El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, los portavoces de los grupos municipales socialista, Tomás Gallego, popular, Christian Alfayate, y de la UPL, Bladimiro Mendo, además del abogado Juan Pablo Antúnez y el alcalde de Santa Elena de Jamuz, Jorge Fernández, que representó al ausente diputado por el partido judicial y alcalde de Santa María del Páramo, Miguel Ángel del Egido, dirigieron la reunión.
«Sin color político»
El documento parte de la moción que aprobaron el martes los grupos políticos bañezanos en Pleno, que quisieron dejar claro ayer que la reivindicación carece de color político. En el transcurso del debate, incluso los municipios más cercanos a León, a los que la medida podría beneficiar, mostraron el perjuicio de suprimir los juzgados, que ocupan una sede inaugurada el 8 de mayo del 2001 por el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, tras una inversión de 1,2 millones de euros.
En la plataforma quedaron representados los ayuntamientos, las asociaciones de toda índole, desde deportivas y de comerciantes, hasta de carácter social y sanitario y abogados y procuradores e incluso medios de comunicación, que buscarán el apoyo de todos los colectivos al documento que se remitirá al TSJ.