Las térmicas tendrán que invertir 4.500 millones si no queman carbón nacional

El recorte en las ayudas al funcionamiento de las empresas mineras decidido por el Gobierno no sólo compromete el futuro de la industria extractiva del carbón, sino de una de las tecnologías que el sistema de generación eléctrica utiliza como respaldo de seguridad en un mix en el que cada vez tienen mayor participación las energías renovables, que no son gestionables.

Las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional no podrían generar electricidad con otras fuentes de generación con su estructura actual. Si decidieran mantenerse en activo, deberían afrontar inversiones para llevar a cabo un cambio de caldera que se ajustase a la nueva materia prima que utilicen.

Inversión no prevista

Este cambio supondría una invesión de 300 millones de euros por cada grupo de generación que en la actualidad funciona con carbón autóctono, quince en total (entre ellos todos los de la provincia de León). El cálculo ha sido realizado por la patronal minera Carbunión, que cifra en 4.500 millones de euros el coste de la adaptación.

Un coste que además no está planificado en las inversiones de las empresas eléctricas que gestionan estas térmicas, y que obligarían también a tener paralizadas al menos un año las centrales.

Fuentes del sector consideran que el incremento de los costes del sistema no sería el mayor de los problemas que se plantearía si desaparece la minería del carbón, aun teniendo en cuenta que la actividad energética está enmarcada en un proceso de endeudamiento progresivo que pretende reducirse.

Uno de los problemas a los que tendría que hacer frente el sistema eléctrico sería el de los niveles mínimos de seguridad que establece el operador para garantizar el abastecimiento eléctrico del país, sobre todo en situaciones de punta de demanda.

Prescindir de los quince grupos térmicos que actualmente entran en el sistema de generación con carbón nacional supondría reducir la reserva de capacidad con la que se cuenta para atender la demanda en el caso de que las energías renovables no puedan abastecer las necesidades en un momento dado.

Frente a la crítica situación que vive el carbón autóctono, la potencia instalada en energías renovables sigue incrementándose, sobre todo por la inercia de los proyectos ya aprobados.

Con este incremento crece también, de manera galopante, el déficit de tarifa (la deuda resultante de la diferencia entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que se cobra efectivamente a los usuarios).

A pesar de los últimos incrementos de precios para los consumidores, el déficit de tarifa ha continuado su preocupante escalada en los primeros meses del año. El Gobierno ha anunciado medidas para frenar esta deuda.