Un centro privado con alumnos de reserva
El letrado de los inculpados ve en el proceso «una auténtica caza de brujas».
El recurso de reforma y apelación ante el auto de la juez instructora instando a solicitar la apertura de juicio oral y sobre el que debe resolver la Audiencia Provincial considera que los hechos enjuiciados, el cobro de las tasas académicas a alumnos sin matrícula oficial durante tres años académicos, «tienen su cauce en la vía administrativa» y las considera «una auténtica caza de brujas de la Administración que no debería tener amparo en el marco penal».
El letrado de los inculpados señala que el centro Tierras de La Bañeza, cuya actividad se cerró en el 2009 como medida cautelar y al que, finalmente, la Consejería de Educación retiró las autorizaciones para impartir enseñanza reglada, devolvió el dinero a los alumnos que así lo solicitaron y que éste «cumplió escrupulosamente su obligación» de remitir al instituto que lo tutelaba toda la documentación pertinente «desde el principio hasta el final». Además, considera que la documentación deja claro «que la negligencia administrativa, descontrol y falta de conexión entre los diversos departamentos de la Administración (IES Vía de la Plata, Inspección, Dirección Provincial de Educación, Consejería, etcétera) no pueden ser imputables a la querellados».
El recurso incide en la responsabilidad de la Administración pública y señala que la devolución de cantidades una vez que estalló el escándalo «se produjo por la disposición franca y noble del centro», pese a que el embrollo dejó claro que existían más alumnos que matrículas, cuyas calificaciones tuvo que reconocer, finalmente, la Consejería. «Una equivocación o mala interpretación de la Administración no puede ser imputable y menos en el marco penal», concluye.