león lucha por la minería. argumentos para la negociación
Lucha en la calle contra diálogo encallado
La sociedad leonesa afronta una nueva semana con movilizaciones más intensas para presionar en una negociación que no se ha movido un ápice desde el principio.
Los mineros toman fuerzas para otra semana de intensas movilizaciones.
En los términos actuales el problema de la minería es «irresoluble»: el Gobierno insiste en que no hay más dinero y punto, y las empresas reiteran que con el presupuesto fijado es imposible seguir adelante. Mientras, los mineros libran en las calles la lucha contra unas posturas que no se han movido ni un solo milímetro desde que se inició el conflicto, a principios de abril. Un pulso que, a día de hoy, sigue encallado. Y no parece que nadie esté dispuesto a dar su brazo a torcer.
Las empresas mineras mantienen que el Plan del Carbón, cuya vigencia concluye en diciembre, es una ley firmada y de obligado cumplimiento. A pesar de los cual ha sufrido importantes recortes sobre sus parámetros iniciales. Incluso sobre esas cifras ya más mermadas de lo previsto estarían dispuestos los empresarios a asumir un nuevo descenso en la financiación, pero con un límite: un 10%.
Baile de cifras
En el baile de la negociación las cifras son multitud de árboles que difícilmente dejan ver el bosque de la realidad. El Plan del Carbón, que fija una reducción progresiva y anual en las ayudas al sector (a las que vinieron a sumarse las establecidas por el nuevo reglamento europeo), contempla que las empresas mineras deben recibir en este ejercicio 326 millones de euros para su funcionamiento. Pero ya en el 2011 la cantidad real de las ayudas percibidas se situó en 301 millones de euros.
Sobre estas cifras, las empresas han planteado a Industria un tope máximo de recortes: no podrán funcionar si las ayudas a la explotación se reducen por debajo de los 266 millones de euros. La cifra que el Instituto del Carbón había reclamado para los Presupuestos Generales del Estado.
Claro que el volumen de estas ayudas no es el único factor que está lastrando las cuentas del sector minero. El desembolso está calculado para los 9,2 millones de toneladas de carbón nacional que debían quemar las térmicas este año. Sin embargo, la actualización del real decreto que regula el mecanismo de restricciones por garantía de suministro, publicado a finales del 2011, sólo concede a las empresas una producción de 7,5 millones de toneladas. Es decir, 1,7 millones de toneladas que las empresas han calculado en sus plantillas e inversiones para este año, pero que en el mejor de los casos no podrán facturar en su apartado de ventas. Lo que de hecho supone un recorte adicional en sus cuentas.
En este escenario, el Gobierno plasmó en su proyecto de presupuestos generales un volumen de ayudas que este año se queda en 111 millones de euros. Tras el primer respingo al conocer la cifra, las empresas respiraron cuando el secretario de Estado de Energía le informó, primero en privado y el 18 de abril ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, de que contaba con 168 millones de euros de remanentes que el Instituto del Carbón no había gastado (cantidad que el consejero de Economía de Castilla y León elevó a 400 millones de euros). La suma de ambas partidas se aproxima mucho al límite que las empresas fijan para su viabilidad.
La tranquilidad duró poco en el sector, pronto quedó de manifiesto que estos remanentes (contables, que no contantes) habían encontrado mejor destino. Fuentes de la negociación apuntan un cambio de parecer en el ministerio, un sí que pronto fue no dentro de las distintas sensibilidades que el equipo de Soria mantiene con el carbón.
Desde el PP achacan a la «ingenuidad» del secretario de Estado el anuncio de estos remanentes: el dinero presupuestado y no gastado vuelve directamente a Hacienda, que en tiempos de bonanza suele ‘respetar la propiedad’ de los fondos, pero que con el creciente agujero de déficit público que cerca al Gobierno ha dado buena cuenta de aquello que en su día debió invertirse en territorio minero.
El caso es que desde hace semanas el tira y afloja sobre los fondos para las empresas mineras en este complicado 2012 mira al Ministerio de Hacienda. El martes el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Juan Vicente Herrera, se entrevistará con el ministro Cristóbal Montoro en un último intento de aflojar la negativa del Gobierno a habilitar estos remanentes. El sector minero califica esta situación de «preocupante y positiva a la vez»: según su interpretación el Gobierno tiene el dinero, lo que no le obliga a endeudarse; pero Hacienda no autoriza el trasvase.
El caso es que la negociación sigue varada en el punto de partida. Los «no» del ministro Soria han sido reiterados, claros y sin lugar a otras interpretaciones. Mientras, las empresas piden ajustar la negociación y las cifras a la situación real del sector. En opinión de la patronal, los recortes que plantee el Gobierno deben realizarse sobre las previsiones iniciales del sector para este año: 9,2 millones de toneladas de producción y 326 millones de euros de ayudas al funcionamiento. Han realizado también dos «propuestas de flexibilidad»: o mantener las ayudas en los términos pactados y aceptar una producción de 7,5 millones de toneladas para este año; o partir de un nivel de ayudas menor pero mantener la producción pactada, 9,2 millones de toneladas, lo que por lo menos les permitiría aliviar sus cuentas a través de la facturación a las térmicas.
La patronal se niega en redondo a negociar las ayudas empresa por empresa, como en algún momento ha pretendido el Gobierno, con el argumento de que el Plan del Carbón establece claramente cuáles son las partidas y las vías de diálogo sobre el sector.
Movimiento de partidas
Cobra más fuerza la posibilidad de «mover» las partidas recogidas en los escuálidos presupuestos generales de este año para el sector, salvar los muebles en este ejercicio y pactar un aplazamiento del resto de los compromisos. Es decir: destinar todo el dinero presupuestado (los fondos de reactivación), a excepción de las prejubilaciones, a las ayudas a las empresas. Algo que se puso sobre la mesa al principio, y que ha sido rechazado.
Pero alguien tiene que mover ficha. Los sindicatos han planificado para la próxima semana un intenso calendario de movilizaciones, pero el conflicto no debe alargarse indefinidamente. El desgaste está siendo enorme, sobre todo si se tiene en cuenta el inmovilismo total en las posturas. Hasta ahora negociación y diálogo han sido sólo palabras, que no realidades, sobre la mesa de la comisión. Ha llegado el momento de acercar, de verdad, posturas.
