El ejemplo de los mineros
Opinión | JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Los recortes en las inversiones para la reconversión minera incluidos en el proyecto de presupuestos para este año, han supuesto un duro varapalo para unas zonas duramente castigadas desde la década de los noventa del pasado siglo. Los sucesivos planes de reordenación y reconversión del sector del carbón y de reactivación y de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras no han producido los efectos esperados. La decisión de la Unión europea de establecer el año 2018 como límite máximo para la concesión de ayudas al sector se ha convertido en una espada de Damocles preparada para dar la estocada definitiva. Estamos, pues, ante la crónica de una muerte que no por ser tan anunciada deja de ser profundamente dolorosa para unas zonas sometidas a un proceso acelerado de despoblación y de falta de estímulos.
Un análisis riguroso de la situación económico-financiera de las explotaciones mineras leonesas revela la escasa viabilidad de las mismas, muchas de las cuales han logrado sobrevivir e incluso publicar beneficios durante algunos años con las ayudas recibidas para cubrir pérdidas de explotación. Sin embargo, desde el año 1990 el número de explotaciones no ha hecho más que descender y las ayudas al sector se han tenido que aumentar, ayudas directas e indirectas de la Administración Central, al margen de los costes adicionales que supone para las arcas públicas el Plan de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Programa de Actuación Minera de la Junta de Castilla y León, puestos en marcha en el contexto de reordenación del sector.
Cierto es que desde hace veinte años ha mejorado sustancialmente la eficiencia y la productividad de las explotaciones, tanto por la mejora de las explotaciones subterráneas como, sobre todo, por el aumento del mineral obtenido a cielo abierto, eso sí con los perniciosos efectos medioambientales que las destrozas provocan. Los rendimientos han crecido y los costes de extracción se han contenido, el sector se ha restructurado con los sucesivos cierres de unidades productivas y los incesantes cambios en el control de las compañías. No obstante, el coste de producción del carbón leonés, que es claramente inferior al del resto de España, sigue estando muy por encima del precio internacional, logrando «competir» con éste a través de los cupos de carbón leonés que han de consumir las centrales térmicas de la región. El impacto de la restructuración de la minería del carbón sobre el empleo también ha resultado evidente, produciéndose una fuerte caída tanto del empleo directo como del indirecto. Hoy nos encontramos con una situación en la que el número de empleados directos en el sector de la minería leonesa ronda las 2.500 personas, y las tasas de abandono de la población de los pueblos de las comarcas mineras leonesas se encuentran entre los más elevados de España.
Llegados a este punto y analizando la situación actual cabe preguntarse si deben mantenerse las ayudas al sector, o bien si deben reducirse y/o eliminarse definitivamente. La respuesta a esta pregunta debe efectuarse teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, habría que valorar si las actuaciones llevadas en el marco de los planes de reactivación y reindustrialización de las comarcas mineras han producido resultados en consonancia con los medios empleados e incluso si estos han sido los suficientes para la creación de alternativas al empleo minero. Los resultados en este sentido son desalentadores, pero no precisamente por la actuación de los propios mineros, gente con coraje y con agallas para arriesgar a diario su vida a veces en condiciones infrahumanas, sino por los políticos de turno que han gastado y dilapidado las ayudas destinadas a la reactivación y restructuración del sector minero de manera caprichosa. En vez de invertir las importantes cantidades destinadas en los presupuestos públicos para tal fin, se han dejado llevar por la «racionalidad política» que produce réditos electorales a corto plazo, pero que pone en serio peligro el futuro de estas comarcas. Produce auténtica vergüenza comprobar cómo se han dilapidado fondos públicos con auténtica irresponsabilidad, cómo se trata de justificar el recorte en las ayudas argumentando el bajo nivel de ejecución de las de años anteriores, cómo se niega la insignificante cantidad que demandan los mineros en comparación con las astronómicas ayudas que están dispuestos a inyectar sin ningún rubor en la banca privada. Miembros del Gobierno de la Nación, los culpables no son los mineros que luchan por que sus hijos tengan un futuro mejor que el suyo, busquen los culpables entre su propia clase que malgasta y malversa los fondos públicos, entre los banqueros sin escrúpulos que cobran cantidades inmorales y no dudan en desahuciar a ciudadanos castigados por la crisis que ellos no han generado, entre los representantes políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorro que firmaron inversiones ruinosas y cláusulas de indemnización vergonzosas para directivos que las han llevado a la ruina. Valientes son los mineros que defienden en la calle unos derechos conseguidos con mucho sufrimiento a lo largo de muchos años y que están siendo desmontados en pocos meses. Lo triste es que los demás ciudadanos asistamos con cierta indiferencia y aceptemos con resignación este estado de cosas. Debemos defender en la calle y en todos los foros lo que nos está quitando en el Parlamento una clase política cada vez peor valorada y más alejada de la ciudadanía.