El Consejo Consultivo pide recuperar las competencias en urbanismo
Amilivia destacó su progreso desde la austeridad y quiere más competencias.
Palazuelo recibe la memoria de la institución de manos de su presidente, Mario Amilivia.
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, reclamó ayer la recuperación de las competencias en materia de urbanismo para la institución que preside, al entender que «en absoluto» ha mejorado «el control de la legalidad urbanística» la eliminación de estas competencias hace cuatro años, tras la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León.
El Consejo Consultivo se desplazó ayer desde su sede habitual en Zamora hasta La Bañeza, donde se reunió con su alcalde, José Miguel Palazuelo, y portavoces de otros grupos políticos, para informarles sobre las modificaciones y nuevas competencias introducidas con la aprobación de su nueva normativa el año pasado.
Durante el transcurso de la reunión Amilivia entregó al alcalde la memoria correspondiente a las actividades del año anterior. También, le animó a utilizar los servicios que ofrece la institución planteando consultas facultativas en aquellas materias que puedan tener especial repercusión y trascendencia para los ciudadanos.
El objetivo que persigue el Consejo desde la aprobación de su nueva normativa es desarrollar una ronda de reuniones por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Su fin es que las Corporaciones Locales sean conscientes de la significación de recabar dictámenes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que tras la última modificación afectan solo a los expedientes que contengan una cuantía igual o superior a 1.000 euros. Hasta ahora que no lo hicieran acarreaba para la Administración un vicio de la resolución que pudiera adoptar.
Mario Amilivia no quiso abandonar la reunión sin recordar que «la reducción de los miembros, que han pasado de 5 a 3, no solo ha afectado a la eficiencia de la institución, sino que además es el único Consejo del país que ha asumido nuevas competencias». Por una parte, han ampliado sus funciones en el ámbito consultivo, pudiendo elaborar informes, propuesta y dictámenes, a solicitud de la Junta, sobre asuntos relacionados con el Estatuto de Autonomía. Y, por otra, se le ha implantado la función como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
En esta línea de mejora de la eficiencia del órgano, Amilivia reivindicó que, «los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deben poder pedir al Consejo dictámenes sin la mediación de las consejerías del Gobierno autonómico». También reclamó la ampliación de competencias en nuevos ámbitos que contribuyan a favorecer correctas prácticas de buena administración.
Desde su constitución en el mes de marzo el Consejo ha aprobado siete resoluciones y otras tres se encuentran en estos momentos en trámite. Esperan que con el tiempo y la progresiva recuperación de la actividad económica su actividad se convierta cada vez en más importante.