león lucha por la minería
Soria indaga si las mineras cobraron 482 millones de más en subvenciones
El Gobierno no avalará este año a las empresas en dificultades para evitar su cierre.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ayer en su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, que si las empresas mineras han cobrado un exceso de ayudas de 482 millones de euros, según ha detectado la Intervención General del Estado, deberán reintegrar esta cantidad.
Además, tumbó el único punto que parecía que iba a aceotarse la propuesta planteada al Gobierno por la patronal y los sindicatos. Destinar ayudas para evitar el posible cierre de las minas en 2012 es implanteable, indicó Soria. Apelando así a cuestiones de Estado y de corresponsabilidad con el resto de ministerios, el ministro explicó que el Gobierno no puede garantizar a ninguna empresa que no va a cerrar.
Con estas declaraciones, Soria desmiente al secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhaus, que en su negativa a la propuesta de negociación de la patronal del carbón y los sindicatos había mostrado su disposición a buscar los mecabnismos para que no se ciereren unidades productivas este año.
Con la imposición de las restricciones presupuestarias como disculpa y argumento, la comparecencia se desarrolló a partir de las preguntas de los representantes parlamentarios y en todas las respuestas quedó de manifiesto que Industria no realizará modificaciones sobre los recortes anunciados, y que el plan del carbón 2013-2018 se llevará a cabo haya o no una mesa de negociación entre sindicatos, empresas y Gobierno.
Para el ministro, más que todas estas reivindicaciones, tal y como señaló ayer en sede parlamentaria, de lo que se trata ahora es de que el periodo que se abre y que culminará en 2018 con el cierre de todas las minas que hayan recibido ayudas (si no se cierran, tendrían que devolverlas) sirva para sentar las bases de la reindustrialización de las cuencas mineras.
Antonio Trevín, del PSOE; Gaspar Llamazares, de IU; Toni Cantó, de UPyD; Inmaculada Riera, de CiU; y Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Mixto, cada uno con sus interpretaciones, sí coincidieron en exigir al Gobierno que solucione el conflicto. Unos, con la reclamación de que las ayudas que reciba el sector en este 2012 se ajusten a los recortes de otros sectores; otros, pidiendo que simplemente se respete el Plan del Carbón, y, por ejemplo, la diputada Riera, solicitando que se acometa un serio plan de reindustrialización para la zona.
José Manuel Soria, por su parte, insistió en lo sabido: «No estamos en un contexto en el que sepamos que los presupuestos van a ser expansivos», afirmó. Para el titular de Industria, lo que sí es planteable es entrar de lleno en el diseño de cómo se puede reindustrializar la zona. Se preguntó: «¿Por qué no ha habido formación, empleabilidad, alternativas, reconversión en los planes pasados?», cuestionó en referencia a todos los gobiernos anteriores, fueran del color que fueran, tal y como acentuó.
La reindustrialización
Soria también relató que «la finalidad del plan de 2013 a 2018 será la reindustrialización, como cuestión central que se trasladará a los sindicatos y empresarios», dijo.
En esta línea argumental, José Manuel Soria presentó ayer el ejemplo de los parques tecnológicos surgidos en el País Vasco a raíz de la reconversión industrial como un modelo de desarrollo para las cuencas, una vez sometidas a los planes de cierre dictados por los sucesivos gobiernos españoles y europeo. Esta propuesta tuvo su lado negativo al suponer que el ministro se niega a rectificar el recorte salvaje de un 63% que sufrirá el sector. No obstante, Soria dijo que «una gran parte de la reindustrialización a nivel global tendrá que ver con la sociedad digital y de la información, las nuevas tecnologías, las tececomunicaciones... Las comarcas mineras tendrán ahí su gran oportunidad», señaló.
Pero en el antes en el que se encuentra el sector, para Soria, la única negociación posible es la que pasa por «soluciones coherentes», marcadas por las obligaciones del contexto; «viables», en función de los recursos presupuestarios; y «de futuro», relativas a las alternativas.