Soria defenderá a las mineras rentables en el 2019 «respetando» el plan de cierre

El Gobierno no tiene más posición sobre la minería del carbón que seguir «el plan de cierre que el ejecutivo socialista envió a Bruselas en agosto del 2011», pero «en todo caso» la voluntad del Ministerio de Industria es «que sigan abiertas las empresas que sean competitivas a partir del 1 de enero del 2019. Aunque respetaremos lo que se ha remitido a Bruselas».

Esta «voluntad» y la decisión de no convocar la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón hasta que las empresas respondan a Industria la exigencia de la Unión Europea de especificar qué explotaciones piensan cerrar en concreto en los próximos seis años fue lo único que adelantó ayer el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Marco presupuestario

Soria hizo un amplio repaso a todas las áreas de su ministerio, y en su intervención inicial se limitó a explicar sobre el tema minero que su departamento está preparando el Plan del Carbón 2013-2018 «dentro del marco presupuestario disponible en el próximo ejercicio»; que «en los próximos días» saldrá la convocatoria de ayudas al funcionamiento de las empresas fijado para el 2012 (que sufrió un recorte del 63% sobre lo fijado en el plan vigente) y que «se ha pedido a las empresas colaboración para cerrar los obstáculos planteados por la UE al plan de cierre que se envió a Bruselas en agosto del 2011».

La postura del Gobierno fue duramente criticada por los diputados del PSOE y de Izquierda Plural en la Comisión. El diputado asturiano Antonio Trevín lamentó el «paripé» que fue la última Mesa del Carbón, a la que el Gobierno «no llevó nada para negociar»; y reprochó al ministro que esté «reñido con todos: con los mineros, los sindicatos, Carbunión y las empresas. Hasta con el ministro Montoro».

Criticó también que se ataque «sólo al carbón nacional, no al importado».

Por su parte, desde Izquierda Plural Chesús Yuste advirtió que el recorte de más del 40% en la producción fijada para este año hundirá a las comarcas porque llevará al cierre de las empresas mineras; y criticó que no se hayan cumplido los programas de desarrollo alternativo ni se dé una alternativa a las comarcas.

Gaspar Llamazares, por su parte, denunció que el Gobierno siempre ha tenido «una sola idea fija: desmantelar el sector. Ya empezó con mal pie con el hachazo presupuestario a las ayudas, pero en verano, con agosticidad y alevosía, ha tomado dos decisiones muy graves: dirigirse a las empresas para que digan qué pozo van a cerrar», cuando en su opinión la legislación europea permite hablar del conjunto del sector y no plantear la medida de cierre empresa por empresa, «mucho más dura»; y reducir a casi la mitad la producción de carbón prevista para este año. «No sabemos cómo se va a suplir este importante recorte en el sistema de generación, seguramente con minería de importación», apuntó.

Por su parte el portavoz del Grupo Popular Ovidio Sánchez recordó que fue el Gobierno socialista, durante el semestre en el que ostentó la presidencia de la UE, el que permitió que se fijase el cierre de la minería no rentable del carbón a finales del 2018. «Ahora sólo podemos tramitarlo a regañadientes, porque no nos gusta, creemos que hay otras alternativas».

El diputado asturiano consideró «bueno» que se esté pidiendo a las empresas que digan qué explotaciones pueden continuar a partir de ese momento. «Vamos a hacer todos los esfuerzos en las explotaciones rentables, porque sí tienen futuro y no hay que cerrarlas. Posiblemente podamos negociar para que incluso a última hora no tengan que devolver las ayudas», concluyó.