La Junta publica la supresión de la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha
Las ayudas suprimidas suponían un desembolso de diez millones anuales para la Junta.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer una Orden por la que se deja sin efecto la AYG/71/2011, de 31 de enero, por la que se convocaban, entre otras subvenciones, la ayuda temporal de tres euros por tonelada a los productores de remolacha azucarera para la campaña agrícola 2011-2012. De este modo, el departamento dirigido por Silvia Clemente oficializa lo que ha afirmado durante el verano en varias ocasiones de suprimir esta ayuda a los profesionales, incumpliendo así el acuerdo que suscribió en marzo de 2008 con Acor y Azucarera (British Sugar) por el que se comprometió además a fijar un precio mínimo para el tubérculo, extremo muy criticado por las organizaciones agrarias de la comunidad.
En la Orden, la Consejería de Agricultura y Ganadería argumenta que esta medida es consecuencia de la actual crisis económica, que ha dado lugar a un «importante incremento del déficit público, que ha obligado a los distintos gobiernos a adoptar medidas drásticas y urgentes».
Los cerca de 6.000 cultivadores de remolacha de Castilla y León, que cultivan unas 30.000 hectáreas y producen unos tres millones de toneladas de raíz, reclaman a la Junta la ayuda comprometida en su día hasta el año 2014 y que suponía una media de diezmillones de euros al año.
Los remolacheros han pasado de cobrar 48 euros por tonelada en 2006 a los 35 de la actualidad, con ayudas incluidas (diez euros, sin contar ya los tres de la Junta).
Asaja acusa a la Junta de «jugar al despiste» con la publicación ahora de esta supresión y lamenta que cuando la mayoría de los remolacheros «estaban presentado recurso administrativo al acuerdo del Consejo de Gobierno apurando los últimos días de plazo, la irrupción de esta Orden obliga a presentar un nuevo recurso, y se abre un plazo para hacerlo que finaliza el 25 de octubre».
Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León culpa a la Administración agraria y a Azucarera de «abandonar a su suerte a los profesionales y recuerda que ya el año pasado presentaron la correspondiente denuncia .
En esta misma línea de actuación, UCCL ha iniciado estos días el procedimiento administrativo para denunciar la decisión de Silvia Clemente, ya que supone un «golpe mortal a uno de los sectores más dinámicos y activos de la agricultura de esta región».
Para concluir, desde la Alianza del Campo, integrada por UPA y Coag, recuerdan que desde comienzos de septiembre han recogido otorgamientos de representación de los remolacheros para reclamar legalmente la ayuda de los seis euros por tonelada que les corresponde en base a las dos últimas campañas.