La nueva gestión de las reservas de caza ahorrará tres millones anuales a la Junta

La Dirección general de Medio Natural viene años estudiando la posibilidad de establecer una nueva fórmula de gestión de las nueve reservas de caza existentes en la comunidad, tres de ellas en la provincia de León (Ancares, Mampodre y Riaño), para optimizar sus recursos y para acabar con la insostenible ecuación que suponía que la administración acarreara con todos los gastos que generan estos espacios mientras que los propietarios de los terrenos (ayuntamientos, juntas vecinales y particulares) se llevan la totalidad de los beneficios económicos que generan.

Esto no supone que la Junta de Castilla y León tenga la intención de desentenderse de la gestión de estos espacios. «No queremos que las reservas dejen de serlo, ya que cumplen desde hace años con el importante papel de recuperar la riqueza cinegética que las ha hecho valedoras de ser referente nacional en la gestión de la caza», explicó a este periódico el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz.

Además de pretender hacer de estos espacios cinegéticos un recurso más rentable para sus propietarios, la Junta busca reducir el coste que su gestión supone al año. De los cinco millones de euros que cada año desembolsa la administración autonómica para estos espacios, con el nuevo modelo se reduce esta partida a dos millones, con lo que el ahorro es de tres millones al año.

Precio de mercado

Para ello, la administración propone un cambio en el modelo de adjudicación de los permisos de caza, es decir, que se subaste la totalidad de las piezas. Hasta ahora un determinado cupo de caza se subastaba a un precio prefijado por la reserva, mientras que el resto se sorteaba entre los propietarios. El nuevo modelo propone sortear toda la caza a un precio de mercado, con lo que los ingresos para las propietarios podrían incrementarse hasta un diez por ciento. El antiguo modelo de subasta, diseñado en los sesenta, hacía pública una parte de la caza por debajo de su precio real para hacerla más accesible para los cazadores. Ahora, se mantiene esa filosofía pero con la salvedad de que se incrementa la oferta en las subastas, al eliminar el sorteo de piezas entre los propietarios, a un precio más competitivo con el resto de las reservas, por lo que el aumento de los ingresos está garantizado. Este modelo se completa con la creación de un fondo de gestión de las reservas que se reinvertirá en la mejora estructural de estos espacios naturales.

Lo que busca este modelo, según Arranz, «es fomentar una mayor participación de los propietarios en la gestión de las reservas». Por eso, quiere dejar claro el papel que desempeñará cada una de las partes. La administración autonómica se encargará de la gestión técnica, que contempla hacer frente a los gastos estructurales correspondientes al personal de la reserva, los celadores o la vigilancia. Ya no hará frente a las inversiones adicionales que requieran estos espacios para nuevos contratos, adecuación caminos, mejoras o piensos medicalizados.

Por su parte, los propietarios se harán cargo de la parte administrativa y gestionarán sus propios recursos. Podrán hacer frente a los gastos de las reservas con el fondo de gestión creado para tal efecto.

Arranz cree que «este nuevo modelo supondrá dotar a estos espacios de una mayor excelencia, que se traducirá en una caza de calidad». Además. la Junta quiere profundizar en el modelo de red de reservas de caza, «para que las nueve que tiene la comunidad se potencien unas a otras» y favorecer su internacionalización «para abrirlos a otros mercados de la mano de los propietarios».