La Junta de Personal Docente acusa a la dirección provincial de ser «inflexible»

El IES Santa María de Carrizo fue ayer escenario de la movilización convocada por la Junta de Personal Docente de la provincia, que también celebró en el centro la reunión ordinaria de principio de curso en la que criticaron la «inflexibilidad» de la directora provincial de Educación, Mercedes Fernández Gordón, a la hora de aplicar la legislación en cuanto al ratio de alumnos en el mundo rural. El pleno coincidió con una jornada de protesta convocada por la Asociación de Madres y padres del IES y del Colegio Río Órbigo. La protesta coincidió también con un día de huelga de los alumnos por lo que la participación en la movilización fue muy numerosa. Las familias elaboraron una pancarta para describir «el oscuro futuro que les espera a los institutos rurales si la Consejería de Educación persiste en su manera inflexible e insensata de hacer cumplir una normativa que impone un número mínimo de alumnos a las materias de modalidad y las optativas del Bachillerato», según señaló ayer el presidente de la Junta de Personal de centros públicos no universitarios de León, Javier Ampudia Alonso.

La comunidad educativa quiso así denunciar «la injusticia de la normativa» que se evidencia en que «se exige un número elevado de alumnos para la realidad de los institutos rurales». Según señalan «institutos con apenas 200 alumnos tienen muchas dificultades para matricular a siete alumnos en Griego, Latín, dibujo Técnico, Economía, Literatura Universal, Historia de la Música...» una situación que genera en todo caso «muchos más problemas que los institutos urbanos, en donde la exigencia es de 10 alumnos». La Junta de Personal considera que «no hay proporcionalidad en la medida» aunque añade que «los institutos de León y Ponferrada también tienen muchos problemas para matricular a ese número de alumnos en esas materias».

«Inflexibilidad»

A su juicio, esta política educativa «puede llevar a que desaparezcan modalidades de Bachillerato en todos los institutos de la provincia —rurales y urbanos— si esto sigue así y si la directora provincial persiste en su aplicación inflexible de la normativa aun cuando hay razones suficientes para aplicar la norma atendiendo a las excepciones, que siempre existen». En este sentido, el presidente de la Junta de Personal señala que «cuando hay menos de esos siete alumnos requeridos en el ámbito rural y hay profesor con insuficiencia de trabajo en su horario y no se le permite impartir su clase y se le obliga a realizar otras tareas menos importantes, en lo que se echa de ver como una imposición, un ‘café para todos’, pese a quien pese y aunque no le cueste a la sociedad ni un euro». Por ello, considera que «eso no es planificar la Educación Pública de León. Otros directores provinciales, más independientes, tal vez, aplican la excepcionalidad de la medida de forma flexible, lo que demuestra, de nuevo, que en León se da una vuelta de tuerca más que en otras provincias. León es diferente...», concluye.