Los diez mineros no irán a la cárcel a cambio de dos años de buena conducta
El juez deja las penas en no más de 18 meses tras una sentencia de conformidad.
Algunos de los mineros procesados, antes de entrar a la sala de vistas de Penal 1.
Los diez mineros acusados de tomar parte en las revueltas del otoño del 2010 en La Magdalena alcanzaron ayer un acuerdo con la representante del Ministerio Fiscal para rebajar las penas que se solicitaban inicialmente, que hubieran comportado su ingreso en prisión.
A cambio de reconocerse autores de los delitos de desórdenes públicos que se les imputaban, se vieron favorecidos con la reducción de las condenas a un máximo de 18 meses de prisión, cuyo cumplimiento se suspende por espacio de dos años. Si en el transcurso de ese periodo se vieran inmersos en nuevos sucesos de estas características, tendrían que cumplir la totalidad de la pena.
«Era la palabra de los guardias contra la nuestra. ¿A quién iban a creer? Se supone que cuando hay una acusación de estas, tienen que estar seguros y tener pruebas. No las pueden tener porque nos hacen culpables de cosas que no hicimos. Pero sólo teníamos dos salidas: o tragar con esto o ir al juicio y tener un 50% de posibilidades de terminar en la cárcel», explicaron los trabajadores a la conclusión de la vista oral, que se celebró en el juzgado de lo Penal 1 de León.
«Lo que queremos saber es dónde están los sindicatos, que lo tuvieron muy fácil para mandarnos a cortar las carreteras y a movilizarnos, pero que ahora nos han dejado solos», lamentaron los propios condenados.
El Magistrado Juez declaró firme la sentencia de conformidad por la que se acuerdan penas de entre seis y dieciocho meses de prisión para los imputados, que protagonizaron cortes de tráfico en la AP-66 durante el mes de septiembre del 2010.
La fiscal proponía penas de hasta dos años y medio de cárcel por los enfrentamientos con los antidisturbios de la Guardia Civil. «Yo soy profesor, pasaba por allí de casualidad y además de que cobré sin hacer nada, ahora esto», explicó otro de los procesados.
Nueve de los diez acusados deberán repartirse el pago de las costas procesales y uno de ellos abonar una multa de 90 euros por las lesiones que causó a un agente al que propinó un rodillazo y por el que se le considera culpable de una falta de lesiones.
A otro se le conmuta la pena que se solicitaba por una multa de 60 días a razón de cuatro euros diarios, por considerarlo autor de una falta de desobediencia. Y uno más aceptó el acuerdo para pagar 12 meses de multa a razón de dos euros diarios a cambio de no hacer frente a la pena de seis meses de prisión.