La bañeza
Los directivos de Tierras de La Bañeza serán juzgados por estafa continuada
La Audiencia rechaza el archivo de una causa con más de un centenar de afectados.
El caso afectó a alumnos de diferentes puntos de España, que cursaban la FP a distancia.
Los tres responsables del centro de Formación Profesional Tierras de La Bañeza serán juzgados por la presunta comisión de un delito de estafa continuado, después de que la Audiencia Provincial haya desestimado el recurso que presentó su defensa contra el auto del Juzgado de Instrucción número uno de La Bañeza, del 22 de junio del año pasado, que instaba a incoar un procedimiento abreviado y apertura de vista oral. La defensa solicitgaba el archivo y sobreseimiento de la causa, ante lo que la Audiencia contesta «que las diligencias de prueba parcticadas corroboran indiciariamente la posible existencia del hecho delictivo» y concurren los elementos para su tipifiación como delito.
El auto de la Sección número 3 de la Audiencia, fechado el 18 de octubre, considera que «en el auto de incoación de procedimiento abreviado [...] se relatan unos hechos que objetivamente considerados reúnen, al menos indiciariamente, la condición de infracción penal constitutiva de un delito continuado de estafa, en la que han tomado parte activa los tres imputados».
El caso de las matrículas falsas de Formación Profesional salió a la luz en abril del 2009, después de que los alumnos descubrieran que, pese al pago de las tasas correspondientes, el centro privado no había tramitado la matrícula oficial de los ciclos de Auxiliar de Farmacia y Cuidados Auxiliares de Enfermería ante la autoridad educativa y de que la Comunidad autónoma pudiera en manos de la Fiscalía el caso. El número de alumnos afectados se estimó en 110, estudiantes de León y de otras provincias que, en su mayoría, habían optado por la enseñanza a distancia que ofertaba el centro al tratarse de trabajadores.
La defensa de los directivos del centro, miembros todos de la misma familia, fue objeto de recurso por parte de su representación legal, que estimaba que los hechos enjuiciados «tienen su cauce en la vía administrativa» y calificaba el caso como «una auténtica caza de brujas de la Administración que no debería tener amparo en el marco penal, sino un rechazo absoluto».
Existencia de indicios
La audiencia señala que el archivo de la causa «como pretende la defensa de los imputados [...] en el presente recurso de apelación, sólo podrá ser adoptada cuando las diligencias de prueba practicadas evidencien de forma objetiva y clara la inexistencia de los hechos objeto de la investigación io la atipicidad de los que se demuestren existentes, debiendo, en consecuencia, carecer dichos hechos extrínsecamente de apariencia delictiva». En la etapa procesal en la que se encuentra la causa, explica, la decisión de la audiencia se valora la existencia de «una base suficiente y racional para continuar el proceso» y conmina a la defensa de los imputados a defender en el juicio que no se cometió delito alguno: «Si la defensa de los ahora incumpaldos considera que no existe delito alguno en la conducta de sus clientes al tratarse tan sólo de una irregularidad administrativa, tal tesis deberá ser objeto de análisis y valoración en la vista oral, dado que, indiciariamente, la investigación judicial y testifical hasta ahora practicadas arrojan un resultado inclupatorio evidente y así lo ha entendido también el Ministerio Fiscal».