La incertidumbre se ceba con el empleo

La ecuación matemática es de fácil conclusión: menos producción (es decir, menos ingresos) sumada a menos ayudas, igual a recortes en el gasto. Y el gasto se va sobre todo en nóminas. Ahí se está centrando el resultado de la resta permanente e inflexible que en los últimos meses el Gobierno aplica sobre el sector del carbón. Con matices, según las empresas, pero con un común denominador: si el sector adelgaza y sus ingresos lo hacen aún más, habrá menos empleo.

Pero esta es sólo una parte de la compleja ecuación que atenaza el presente inmediato del sector minero, cuyo futuro puede adivinarse de muchas formas menos perfecto. La otra parte resulta aún más inexplicable. El carbón estrena ejercicio sin marco legal alguno al que acogerse. No han sido capaces de cobrar los exiguos 111 millones de euros en los que las maniobras contables del ministro de Industria, José Manuel Soria, y su manifiesta animadversión al sector dejó las ayudas al funcionamiento para el 2012. El resultado es no sólo una cascada de EREs de la más variopinta índole, sino el impago de nóminas (que para los trabajadores de algunas empresas locales, como las del Grupo Alonso, suma ya dos meses y para las contratas alcanza las tres pagas de retraso), sino aplazamientos de varios meses en las cotizaciones a la Seguridad Social, que pasan ya directamente a la ilegalidad.

Carbón sin plan

Desde el pasado martes el carbón tampoco se vende. Para ser más exactos, las eléctricas no lo compran. El Gobierno guarda silencio (otro más) sobre el real decreto de restricciones por garantía de suministro que debe fijar la producción y el precio de compra del carbón nacional por las térmicas para este recién estrenado año. A mayores las eléctricas andan a la greña con el Gobierno y su drástica política de reordenación energética, que tiene como característica fundamental que no satisface a nadie. El sector no descarta que los mineros sean una vez más los rehenes con los que las poderosas eléctricas presionen al Ejecutivo de la mayoría absoluta para que afloje en intereses bien distintos a los que urgen a las cuencas.

La tercera pata del silencio gubernamental es el Plan del Carbón 2013-2018. Mientras las empresas mineras maniobran entre quienes deciden en Bruselas para que el reglamento europeo ceda y deje sobrevivir los restos rentables del sector más allá del 2018 sin tener que devolver las ayudas, el Gobierno hace planes por su cuenta desde el más absoluto oscurantismo sobre el ¿futuro? de un sector del que parece que quiere librarse a toda prisa.

En momento tan crítico el ministro del ramo da una patada hacia arriba al breve secretario de Estado de Energía Martí y nombra a uno nuevo, Alberto Nadal, que toma posesión el próximo martes. El sector espera atacar en cuanto toque la cartera, porque de momento, con la excusa del parón navideño, tampoco el nuevo responsable ha respondido a las urgencias del carbón.

En esta indefinición general sobre todo lo que atañe a la minería, lo que sólo añade tensión a una situación que hace muchos meses viene calificándose como límite, las empresas leonesas están adoptando distintas posturas para afrontar el trago. Eso sí, desde la perplejidad generalizada de quienes no obtienen no ya soluciones, sino siquiera respuesta a sus agónicos llamamientos. La actuación más drástica, la del primer grupo empresarial privado del sector, el de Victorino Alonso.

Frenética negociación

Las explotaciones de Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, sus plantillas propias y las contratas, llevan semanas inmersas en un agitado y frenético proceso negociador que de momento se salda con más desacuerdos que pactos, y que amenaza con deshacerse a corto plazo de no menos de 400 empleos de un conjunto que ronda los 2.000. En el 2012 sólo con prejubilaciones se perdieron más de 400 empleos.

El empresario ha abandonado algunos de sus proyectos de futuro, como la construcción de marchantes para el mercado nacional y para la exportación; y finalmente ha llegado a un acuerdo de rebaja de las condiciones laborales para los trabajadores de los talleres de León, Pamplona y Madrid.

Las minas de interior son otro de los objetivos prioritarios de Alonso para ajustar sus cuentas al nuevo escenario. En breve se presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) en Santa Cruz, que será de extinción en sustitución del temporal ahora vigente. El desmantelamiento del histórico pozo es ya una realidad. Desde la empresa se mantiene para los 70 trabajadores afectados el mismo argumento que para el resto de la plantilla: o se accede a una rebaja de las condiciones salariales importante, o se extinguirá la actividad y el empleo definitivamente.

El mismo tipo de ERE se ha presentado estos días para el Pozo Salgueiro, el último de interior del empresario en la provincia. Con las mismas condiciones. Desde la dirección reconocen que la mina ha sido rentable hasta que las condiciones del sector han cambiado. Con menos ayudas y menos cupos, la rentabilidad desaparece. O se ajusta, o no se sigue.

A la hora de pactar recortes, se pone como ejemplo el acuerdo alcanzado el viernes con una de las contratas de interior del grupo en Tineo: una rebaja salarial del 27,5%. La empresa recuerda que los sueldos de este colectivo de trabajadores rondan los 2.000 euros netos al mes de media; y que en otros sectores con sueldos más bajos las rebajas exigidas rondan el 15%.

La negociación ya fue compleja en los cielos abiertos, donde trabajan unas 500 personas, que se reincorporan la próxima semana tras la Navidad. Una sentencia da la razón a la empresa sobre la modificación de las condiciones laborales en Tormaleo, ya vigentes; y otro auto desestimó por defecto de forma las de las otras explotaciones, que ahora inician un nuevo periodo de negociación.

Ahora hay pendiente también un acuerdo global de descuelgue de convenios, que se dictará este enero. De momento el Grupo Alonso ha conseguido acuerdos con empresas subcontratadas en los sectores de limpieza, seguridad, talleres, etc. La empresa asegura que la voluntad es la de seguir con la actividad, pero las condiciones generales han empeorado sensiblemente y eso hay que repercutirlo. ¿Dónde se realizarán esos ajustes? «Depende del fruto de las negociaciones», aseguran.