Carbunión y la Junta reclamarán a Galicia las costas por el litigio en la UE
El recurso al incentivo del carbón supone costes millonarios para las partes en liza.
Tanto la Junta de Castilla y León como la patronal de las empresas mineras, Carbunión, reclamarán a la Xunta de Galicia el pago de las costas que les ha generado el litigio de más de dos años mantenido ante el Tribunal General de Luxemburgo por el empleo del gobierno de Alberto Núñez Feijóo de eliminar los incentivos al consumo de carbón nacional. La Junta y Carbunión están personados en la causa contra el real decreto de restricciones por garantía de suministro, junto con EON Generación e Hidroeléctrica del Cantábrico, en apoyo de la Comisión Europea y el Reino de España.
Desde que la Xunta reclamó al alto tribunal europeo medidas cautelarísimas para paralizar la ejecución del incentivo que permitió que las térmicas volvieran a quemar carbón nacional, que fueron rechazadas, tanto la Junta de Castilla y León como Carbunión se personaron en el caso para defender los intereses del mineral local. Las partes tienen ahora hasta el día 26 para presentar comentarios, y reclamarán también que Galicia les resarza de los millonarios costes que les ha supuesto hasta ahora el litigio.
Sólo desde Carbunión se calcula en más de 40.000 euros el coste de su actuación en la causa. Y se lamenta también que la Xunta haya dedicado una cantidad importante de dinero de sus ciudadanos a un recurso del que finalmente ha desistido.
Contra el incentivo
La recuperación del mecanismo de incentivo al consumo de carbón autóctono a través del real decreto de restricciones llevó a las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) a presentar un recurso en el que solicitaban la paralización inmediata del mecanismo. Recurso al que se sumó también la Xunta de Galicia, y más tarde Castelnou, la filial de la francesa EDF que opera en Castellón. Todas ellas han presentado batalla judicial al incentivo al carbón tanto en la UE como en el Tribunal Supremo español.
Las tres principales eléctricas acabaron retirando los recursos, pero la Xunta gallega y Castelnou han mantenido sus reclamaciones; incluso demandando cada uno de los reales decretos que ha aprobado la cantidad y precio que las diez térmicas acogidas al mecanismo deben comprar a las mineras.
Los procedimientos se han enviado también a la Audiencia Nacional, que ha reclamado diversa documentación a la Comisión Nacional de la Energía, y que previsiblemente hará pública su decisión a mediados de mayo.
La Xunta de Galicia acaba de presentar finalmente ante la justicia europea el desistimiento de la demanda, tras intentar personarse en el caso de Castelnou. El duro varapalo del Tribunal General europeo a los argumentos del gobierno gallego para sumarse al recurso de la francesa contra el carbón español le ha hecho replantearse el mantenimiento de la demanda principal.