Alonso condiciona adelantar el concurso de acreedores a firmar el acuerdo laboral
El juez de Cangas de Narcea llama a declarar al empresario por la querella de Hunosa.
Las posturas entre los trabajadores de las distintas explotaciones del Grupo Alonso están «distantes, pero no rotas», según explicaron ayer fuentes de la empresa, después de que la asamblea de empleados rechazara la última propuesta para lograr un acuerdo sobre el recorte de salarios y condiciones laborales que pretende la dirección para fijar las condiciones del plan de viabilidad que ha trazado.
Al logro de este acuerdo está sujeto también el futuro del grupo. «Si hay acuerdo laboral, presentaríamos el concurso de acreedores antes de que finalice el plazo establecido legalmente, con la empresa funcionando y un proyecto para que los acreedores permitan mantener la actividad. Si no hay acuerdo, agotaríamos el plazo legal, que concluye el 7 de julio, y las sociedades quedarán en manos de los acreedores. Pero antes exigirán que se libre la mayor carga laboral posible». Actualmente tanto Uminsa como Coto Minero Cantábrico se encuentran en preconcurso de acreedores.
Querella criminal
Mientras empresa y sindicatos negocian, el principal grupo minero privado del país enfrenta los procedimientos judiciales del enfrentamiento que mantiene con la pública Hunosa, que le reclama 46 millones de euros al considerar que han «desaparecido» 577.000 toneladas de carbón del Almacén Estratégico Temporal en los depósitos de Alonso.
Hunosa ha presentado finalmente querella criminal contra Alonso en el Juzgado de Cangas de Narcea, basándose en el informe que encargó al Colegio de Minas para medir los almacenamientos que considera que deben albergar el mineral.
El juez que instruye las diligencias previas ha llamado a declarar a la perito que realizó el informe el próximo 12 de junio. La misma ingeniera realizó después otro estudio, esta vez a instancias del Grupo Alonso, en el que constató que los distintos depósitos de las empresas mineras guardan 1,2 millones de toneladas de carbón apto para el consumo, frente a los 1,16 millones que «debe» todavía a Hunosa.
El juez tomará también declaración en el mismo juzgado el día 19 al empresario Victorino Alonso, y los responsables de sus dos empresas mineras. Desde la empresa señalan que «no se ha tomado ninguna decisión sobre el inicio del juicio, se están instruyendo las diligencias previas y será el juez el que decida, cuando compruebe los dos informes realizados por la misma perito».
Mientras tanto, el Juzgado de Oviedo sigue tramitando la denuncia que el Grupo Alonso presentó contra Hunosa, a la que acusa de haber instado a las empresas eléctricas a retener el pago del mineral que compraban al empresario por la supuesta «desaparición» de carbón en el AETC.
La empresa pública reconvino la denuncia, y ahora el equipo jurídico de Alonso prepara una respuesta que presentará «en los próximos días». Respuesta en la que alegará el informe realizado por el Colegio de Minas sobre sus reservas de carbón disponibles.
Otro de los frentes judiciales del grupo se libra contra la decisión del Gobierno de denegar el pago de las ayudas al funcionamiento correspondientes al 2012, unos 50 millones de euros. Una vez finalizada la vía administrativa, el grupo prepara la presentación de un recurso contencioso-administrativo «lo antes posible» para alegar que el pago de las ayudas se ajusta a derecho.