Soria recuerda que Alonso ha cobrado 2.200 millones en ayudas en 22 años

El Estado ha invertido desde 1990 unos 22.000 millones de euros en los distintos planes de reestructuración de las comarcas mineras. De ellos, 5.400 aproximadamente se han destinado a pagos al funcionamiento a las empresas, de los que 2.200 han ido a parar a las arcas del principal empresario minero privado del país, Victorino Alonso. «A razón de 100 millones de euros al año», según recordó ayer el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Soria respondía así a una pregunta de la diputada socialista leonesa Helena Castellano, que preguntó al ministro qué pretendía hacer el Gobierno ante la pérdida de miles de empleos en la minería. La diputada leonesa criticó que el ministro «lleve un año mareando la perdiz, y se empeñe en hablar del 2019 cuando a este paso no llegamos ni a julio».

Castellano también recordó que la política del Gobierno hacia el carbón ha sido criticada incluso por el director general de Energía y Minas de Castilla y León, Ricardo González Mantero.

La diputada insistió en que no le interesan tanto las empresas como los trabajadores, y recordó a Soria que cientos de mineros están perdiendo sus casas porque llevan cinco meses sin cobrar. «Eso es responsabilidad suya, lo que para usted son bailes de salón para nosotros es pobreza y miseria», indicó. «Vaya a las cuencas, mire a los mineros a la cara y dígales que no piensa hacer nada por ellos».

Una empresa

Soria matizó que las cuestiones que presentó la diputada se referían «a la ayuda a una determinada empresa que el Gobierno no ha otorgado». Tras desgranar las cifras de lo percibido en los últimos 22 años, el ministro insistió en que «cuando la empresa solicitó las ayudas correspondientes al 2012, y sin perjucidio de que el ministerio había preparado todos los expedientes para concederla, se ha constatado que a la hora de aprobarla no estaba al día ni en la Seguridad Social ni en sus obligaciones con la Hacienda pública».

El ministro reiteró que «esos son requisitos que la Ley General de Subvenciones exige de manera inexorable para cobrar».

Invitó a la diputada a que «cuando le pidan explicaciones de por qué ese empresario no ha cobrado, se remita a la falta de cumplimiento de las exigencias que se hacen a todas las empresas. No puede haber excepciones en esta materia».

Más allá, animó a Helena Castellano a que «si tiene relación con esa empresa les anime a ponerse al día con estas obligaciones y en ese momento el Gobierno no tendrá inconveniente en hacer frente al pago de esa subvención. Mientras esté en incumplimiento de ley las ayudas no pueden ser abonadas».

El Gobierno no ha pagado los 50 millones de euros que corresponden a las empresas del Grupo Alonso por el funcionamiento en el 2012, una circunstancia que ha obligado a la compañía a presentar preconcurso de acreedores, que concluye el próximo 7 de julio. De persistir el impago de las ayudas, la empresa ya ha advertido que se verá abocada al concurso de acreedores y a desaparecer.