La Junta duplica en León las zonas de alimentación de especies necrófagas
Los ganaderos disponen de tres meses para solicitar el depósito de reses muertas.
La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la junta de Castilla y León ha elevado de 1.764 a 1.982 el número de zonas y otras unidades territoriales declaradas Zona de Protección para la Alimentación de Especies Necrófragas (ZPAEN) con respecto a la propuesta que había remitido a las organizaciones profesionales agrarias. El número de ayuntamientos incluidos es de 1.924.
En León, el número de municipios en los que se podrán utilizar cadáveres y subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) se elevan de los 72 municipios iniciales a 144 (justo el doble), a los que se añade la Comunidad de Riego de la Vega y Villamontán de la Valduerna y la Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón.
De esta manera, además de las áreas más montañosas de la provincia, se incluyen en el área en la que se podrá alimentar especies carroñeras municipios de vegas y páramos, de forma que sólo se excluye el cuadrante sur-oriental de la provincia.
Los criterios de inclusión en las áreas de alimentación de especies necrófagas en peligro han sido los espacios de la Red Natura 2000 definidos por la presencia de éstas, los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación del águila imperial ibérica y del oso pardo cantábrico, las áreas de nidificación y alimentación del águila imperial ibérica, las zonas de alimentación y campeo habituales del milano real, el ámbito del Plan de Gestión del Lobo Ibérico y las áreas prioritarias de alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, con presencia estable como población reproductora o invernante o en búsqueda de alimento.
Existía un plazo de un mes para la publicación de las áreas de alimentación desde que se publicó el decreto que regula la alimentación de animales necrófagos en muladares —lugares para alimentar a rapaces necrófagas valladas para impedir el acceso de carnívoros oportunistas— y zonas de protección, delimitadas y expresamente declaradas por la consejería competente en conservación de la fauna silvestre, en las que se autoriza la alimentación de especies fuera de muladares con cuerpos enteros o partes de animales muertos, procedentes de explotaciones ganaderas de dichas zonas y que cumplan rigurosos requisitos sanitarios y zootécnicos para evitar la propagación de enfermedades a la fauna, la cabaña ganadera y el hombre.
El sistema no es alternativa a la retirada y destrucción de cadáveres y la aportación de restos se adaptará a las necesidad alimenticias de las especies a las que se destina. Se abre ahora un plazo de tres meses para que las explotaciones ganaderas incluidas en las zonas de protección soliciten su inclusión en el programa.
El sindicato Asaja emitió ayer un comunicado en el que solicitó la implicación de la Administración en el programa dado que de su buen funcionamiento depende un ahorro importante para los ganaderos en la retirada de reses muertas y evitará los ataques de buitres al ganado.