Dos empleados municipales acuden al fiscal para aclarar el registro de tasas

La crisis de Valderas comienza a llegar a los juzgados. Ayer, dos empleados municipales, J.A.A. y J.R.L., fueron citados por la Fiscalía para aclarar el destino de las tasas municipales del cementerio durante los dos últimos años. Ambos trabajadores tuvieron que explicar a qué cuentas de titularidad del Ayuntamiento se incorporó lo recaudado con las tasas de prestación del servicio de camposanto municipal, con los libros-registro del 2011 y 2012 delante.

El fiscal-jefe quiso conocer la certificación de los ingresos percibidos por el Consistorio valderiense gracias a esas tasas y las cuentas bancarias donde se depositaron las cantidades.

Además, a las 12.00 horas de esta mañana también está citada a declarar la ex alcaldesa, Cristina López, por las supuestas amenazas e intimidaciones que profirió contra una secretaria municipal, que la denunció en octubre del 2012.

Según la empleada, la finalidad de las presuntas presiones era lograr su marcha del Ayuntamiento. La joven había asumido el cargo con carácter interino el 4 de junio de ese año, pero se sintió «engañada» por López, indica en la denuncia. En el documento pone en entredicho la gestión de la ex alcaldesa, que dimitió poco después, el 5 de noviembre, tras año y medio con el bastón de mando de Valderas.

Por su parte, López desconoce «a qué tipo de amenazas, engaños o mentiras» se puede referir la secretaria y asegura que siempre insistió a la funcionaria que detallara las posibles anomalías o irregularidades que detectara en los informes para así ponerles remedio, «ya que ese era su trabajo como secretaria, no el mío». La ex alcaldesa confirma que recibió la pasada semana la citación de la Fiscalía, e insiste en que desde su llegada al Ayuntamiento siempre fue «de frente».

El Ayuntamiento de Valderas, de 1.943 habitantes, atraviesa una crisis institucional, política y económica sin precedentes en España. Acumula la mayor deuda per cápita relativa del país: 2.060 euros por vecino, y carece de alcalde, ya que desde hace medio año, los concejales no han sido capaces de elegir a un nuevo regidor.

Los vaivenes de ediles han hecho perder al grupo socialista las actas de dos de sus siete ediles y a renovar con afiliados foráneos los escaños de los otros cinco, tras múltiples dimisiones. En las filas del PP, tres de los cuatro concejales fueron expulsados por el partido e integran junto con dos dimisionarias del PSOE el grupo de no adscritos.

Cubrir el puesto de secretario municipal se ha mostrado tan difícil como la elección de alcalde, tras la dimisión de la interina y la renuncia de su sustituta, poseedora de la plaza. Por eso el Estado debe resolver un nuevo traslado que aún no se ha materializado.