¿Un millar de trabajadores excedentes?

El millar de trabajadores excedentes que se producirán hasta el 2018, según el Nuevo Marco de Actuación de la Minería, serán indemnizados mediante bajas incentivadas con 8.000 euros más 30 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades, para los trabajadores cuya explotación cierre antes del 31 de diciembre del 2015, y 6.000 euros más 25 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades, para las unidades que cierren entre el 2016 y 2018. Industria mantiene una previsión de fondos de 1.727 millones de euros para el pago de las prejubilaciones provenientes de planes anteriores, pero borra esa fórmula a partir del 2014.

Sin embargo, los sindicatos dudan que se vayan a destruir esos mil empleos porque consideran «ambigüo» el documento y con discrepancias respecto a la parte social. Lo único ‘bueno’ que aprecian en la nueva hoja de ruta de la minería es que Industria quiera mantener el mineral nacional al ser la «única fuente de energía fósil de la que disponemos», como respaldo «al carácter intermitente de las energías renovables» y para «garantizar el suministro energético» del país. El Gobierno considera que el carbón nacional es «poco competitivo» frente al de importación «por su menor calidad y mayor precio», y pone el acento en los desafíos medioambientales. Advierte, además, que a partir del 1 de enero del 2015, cuando ya no exista el real decreto de restricciones, la producción de carbón dependerá de los contratos de suministro que firmen las empresas mineras con las compañías eléctricas y que «aquellas empresas mineras que hayan recibido ayudas y deseen continuidad a partir del 1 de enero del 2019 deberán devolver las ayudas públicas percibidas entre 2013 y 2018».