Industria no contempla nacionalizar las minas viables de Alonso, como pide IU

El Gobierno «no contempla la posibilidad» de nacionalizar minas para garantizar la seguridad de la reserva estratégica más allá del 2018. Así lo explicó el Ejecutivo nacional en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien sigue solicitando que el Estado «intervenga las explotaciones viables para no quedarnos sin minería».

A su juicio, el Ministerio de Industria «no se fía del empresario Victorino Alonso, al que está utilizando como escudo para paralizar las ayudas a la producción, lo que pone en riesgo el sector». Llamazares discrepa de los argumentos del Gobierno, e insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a «anular las concesiones que hizo a Alonso, si no le gusta la gestión que está realizando». Para el lider de IU, el departamento de José Manuel Soria debería «recuperar» las concesiones de las explotaciones viables para garantizar la continuidad de la minería del carbón. «Igual que se opusieron a las exigencias de la UE en defensa del sector naval, ahora también pueden plantarse para conservar el carbón», remarcó.

En su respuesta, el Gobierno lanza un capote al industrial leonés al remarcar que «el futuro del sector, como el de otros de la economía nacional, debe ser impulsado por la iniciativa de los empresarios». También recuerdan a IU, que en las reuniones que se vienen desarrollando entre el Ministerio de Industria, patronal y sindicatos «se están debatiendo muchas cuestiones, entre ellas las ayudas sociales que se podrían dar y, en función de éstas, se podrá determinar el importe de las ayudas a las empresas».

Sobre las subvenciones pendientes del pasado ejercicio al grupo Alonso, que ascienden a 50 millones de euros, el Gobierno indica que espera resolver los recursos presentados «en breve tiempo». Las ayudas del 2012 a Uminsa y Coto Minero Cantábrico están retenidas por el supuesto impago de 300.000 euros de deuda a la Seguridad Social. El Ejecutivo también argumenta que la imposibilidad de conceder subvenciones más allá del 2018 «aconseja», por los menores costes de producción y ante la necesidad de mantener «cierto volumen de producción autóctona, que la mayor cantidad posible de carbón se obtenga de las minas a cielo abierto», si bien aclara que «esto no quiere decir que las explotaciones subterráneas capaces de competir con los carbones de importación no puedan seguir funcionando».

Reserva estratégica

A IU no le convencen las afirmaciones del Gobierno, porque considera que «asume sin cuestionar el horizonte del 2018 para el cierre de todas las explotaciones no rentables y se niega a hablar del volumen necesario de reserva estratégica de carbón de aquí al 2050». En este sentido, Gaspar Llamazares insiste en que «si en el sector naval fue posible reducir drásticamente la sanción por parte de la Comisión Europea, por qué no va a ser posible, también, mantener una reserva estratégica del sector minero y mantener las prejubilaciones» del sector extractivo.