Alonso pide al Juzgado la liquidación de Coto Minero y culpa a los trabajadores

El empresario Victorino Alonso dio ayer el carpetazo definitivo a la segunda empresa minera del país, Coto Minero Cantábrico (CMC) —surgida en el 2008 de la fusión de Minero Siderúrgica de Ponferrada y la asturiana Hullas del Coto Cortés—, con la presentación ante el Juzgado Mercantil Nº5 de Madrid de la solicitud de liquidación de la compañía.

La dirección de la empresa, declarada en concurso voluntario de acreedores, atribuye la decisión a las «infructuosas negociaciones» para alcanzar un acuerdo laboral con los trabajadores que fuera «coherente con el Plan de Viabilidad de la compañía. En un comunicado, la minera explica que los números «dejan palmariamente claro que sin ese esfuerzo de la plantilla no habrá viabilidad futura».

La desaparición de CMC deja en la calle a los 378 empleados de la empresa, además de a un millar de empleados de las subcontratas que trabajan para la compañía de Alonso, que cuenta con el mayor volumen de su plantilla en la mina de Cerredo, en Asturias, donde trabajan más de 270 mineros.

La fulminante reacción de Alonso surge tras el preacuerdo laboral alcanzado entre los trabajadores y la administración concursal, cuya aplicación «lo único que conseguiría sería iniciar el año 2014 con una nueva fuente de conflictividad que daría al traste con el Plan de Viabilidad». Expresa también la dirección de la empresa su «malestar» con la actitud de comité de empresa a quien culpa de «incumplir su palabra» por negarse a someter a votación la propuesta de la compañía «llevando así al cierre a CMC sin haber podido conocer la opinión de los trabajadores». Considera que, con el compromiso de los mineros, «hubiera podido salir adelante y cumplir con todos sus acreedores».

En el escrito presentado ante el Juzgado, la compañía apunta que «el cambio de política de la Administración con respecto a la industria del carbón», con el impago de la ayudas del 2012 por no estar al corriente de sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, le ha supuesto una reducción del 40% de su facturación anual y una caída del 35% en sus suministros a las centrales térmicas.

La oferta del Grupo Alonso pasaba por reducir un 16,5% los salarios, rebaja aplicada sobre el 2010, y un aumento de la jornada laboral para «incrementar la productividad».

La compañía vetó el pacto alcanzado por la administración concursal y el comité, que preveía un recorte salarial de un 16,5% aplicable a las bases salariales del año 2012 —lo que suponía un descenso efectivo del 11,5%—, la congelación de los sueldos hasta 2016, y no aumentar la jornada laboral, que quedaría fijada en las siete horas diarias.

El Grupo Alonso considera que «con todos los respetos», la propuesta del administrador concursal es «totalmente insuficiente» para garantizar la viabilidad de la compañía «teniendo en cuenta los compromisos que que debe asumir frente al conjunto de sus acreedores».

La minera tiene en marcha una demanda judicial contra el rechazo del Gobierno al recurso presentado por el impago de las ayudas a la producción, que también afecta a Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa), la otra gran empresa del carbón de Victorino Alonso. Uminsa cerró esta semana un acuerdo laboral con sus trabajadores que contemplaba una rebaja salarial del 15% y el aumento de la jornada laboral en 50 minutos diarios.