Asaja pide que la retirada de animales muertos sea un servicio público
La organización exige que se acabe el «oligopolio» que eleva los precios en León.
Asaja critica el encarecimiento del servicio con la entrada en vigor del Plan de Seguros 2013.
La organización agraria Asaja ha pedido a la Junta de Castilla y León que modifique la normativa para que la recogida y destrucción de cadáveres de animales sea considerado un servicio público «por razones de salud pública, sanidad animal y utilidad pública». Con esta propuesta, la recogida de cadáveres pasaría a estar regulada por concesión administrativa y, según la organización, «se evitaría la situación de oligopolio actual», como ocurre en la provincia de León.
La organización agraria informó de que actualmente, las empresas tienen repartido el territorio de Castilla y León, «por lo que no existe competencia libre y fijan precios que son muy altos, lo que perjudica al ganadero y a las administraciones que subvencionan los seguros, ya que el gasto es mayor cuanto más altas son las tarifas que cobran las empresas».
Según la organización, con la entrada en vigor del Plan de Seguros 2013 se ha encarecido la recogida de cadáveres —sobre todo el porcino y el aviar— ya que ha variado el importe de la subvención. Mientras la mayoría de las gestoras han reducido los precios, en Castilla y León únicamente lo han hecho en Segovia.
Margen de beneficio
En la comunidad, las empresas autorizadas para la recogida de cadáveres —a excepción de la citada organización que opera en la provincia segoviana— se han negado a «reducir su margen de beneficio» y «no han aceptado la reducción de las tarifas», algo que «podría ir contra las reglas de la libre competencia, porque todo parece indicar que forma parte de un acuerdo entre ellas».
«Los ganaderos de porcino de las otras ocho provincias de Castilla y León están pagando por la recogida de cadáveres casi el 22% más que los segovianos y además la Junta y el Ministerio se ven obligados a aportar un 22% más de subvención», señaló la organización agraria. En concreto, actualmente la recogida y destrucción de cadáveres de porcino se cobra a 22 céntimos el kilo, mientras que en el resto de provincias cuesta 28 céntimos, algo que «únicamente redunda en el beneficio de empresas privadas».