La Diputación pagará 350.000 euros por el servicio de teleasistencia
El contrato, prorrogable por otro año, mantiene la atención para 1.700 domicilios.
Los dispositivos se distribuyen por 1.700 domicilios de toda la provincia.
La Diputación ha sacado a concurso el servicio de teleasistencia domiciliaria para los municipios de menos de 20.000 habitantes, un contrato que parte de un presupuesto base de 350.064 euros para la atención de los usuarios durante 2014 y que será prorrogable en 2015. El servicio, que mantiene la atención a 1.700 domicilios en el área rural, es uno de los puntos integrados en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales firmado hace dos semanas entre la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco. En concreto, la Junta financiará el 65% del coste, mientras que la institución provincial se hará cargo del 35% restante. La administración autonómica se hace así cargo del montante que hasta el año pasado aportaba el Gobierno central a través del Imserso fruto de un convenio firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias. La Diputaciónha asumido en solitario desde el pasado mes de mayo la prestación de la teleasistencia en su área de actuación.
La teleasistencia domiciliaria, que en los últimos años ha desarrollado Cruz Roja, dispone de 1.700 terminales que se distribuyen entre los usuarios solicitantes. Cada aparato, que tiene un coste mensual de 17,16 euros al mes, puede ser utilizado por cualquiera de las personas que residen en el domilicio, por lo que el número de usuarios aumenta. Según señalaron ayer fuentes de la Diputación, actualmente no existe lista de espera para acceder al servicio, que tiene como principales beneficiarios a personas mayores del área rural. El perfil de los usuarios son mujeres de 80 años de media que residen en municipios pequeños.
El servicio atiende a los usuarios durante 24 horas los 365 días del año a través de un equipamiento de comunicaciones, como una pulsera o un medallón, que permite a los beneficiarios ponerse en comunicación de forma inmediata con un centro de atención de llamadas que cuenta con personal especializado para dar una respuesta inmediata a las necesidades que se plantea.
Además de este servicio, el Acuerdo Marco con la Consejería de Familia incluye la cofinanciación de otras prestaciones de cáracter social como la ayuda a domicilio, el Programa de Inclusión Social —en el que se incluye la Renta Garantizada de Ciudadanía—, el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio y las ayudas de emergencia.