El 36% de las fincas de cultivo en León carecen de título de propiedad
Así lo ha señalado hoy el sindicato Asaja, cuyos cálculos apuntan a 113.903 hectáreas de cultivo
El 36 por ciento de las fincas de cultivo en la provincia de León no tienen título de propiedad, lo que hace que carezcan de valor para las entidades de crédito, al no ser garantía real por no poderse hipotecar lo que supone un gran obstáculo para la financiación del campo.
Así lo ha señalado hoy el sindicato Asaja, que ha advertido de que concentraciones parcelarias en zonas donde no se había ejecutado esta infraestructura, pero sobre todo la declaración de interés público de la gran zona de nuevos regadíos de Payuelos, así como la modernización de los regadíos del Páramo, junto a otros regadíos tradicionales, han requerido una reconcentración parcelaria.
Dicha reconcentración ha llevado aparejada la reasignación de unas parcelas que por ahora no están protocolizadas ante notario y no están inscritas en el Registro de la Propiedad.
Los cálculos de ASAJA apuntan a 113.903 hectáreas de cultivo -aproximadamente el 36 por ciento de la superficie cultivable de la provincia de León- y subraya que "se debe a la desidia administrativa de la Junta de Castilla y León que tarda años en entregar los nuevos títulos de propiedad una vez que hace entrega provisional de las nuevas fincas de reemplazo".
Además, destaca que en algunas de estas zonas concentradas las nuevas parcelas se entregaron a los propietarios hace más de quince años.
Esta situación de "precariedad" en la acreditación de la propiedad está causando, según Asaja, "enormes perjuicios a la hora de comprar y vender o heredar la fincas, pero sobre todo causa daños irreparables a los agricultores que necesitan construir naves agroganaderas, instalar sistemas de riego, o hacer inversiones de cualquier tipo, pues la propiedad rústica, si no está inscrita en el Registro, no es una garantía real".
Asaja ha detectado que, a las dificultades de financiación que tienen los agricultores como otros empresarios y autónomos, se suma este hecho de no poder aportar garantías reales con el principal capital que tienen los agricultores y ganaderos, que son sus tierras.