La ayuda de Juan, un desahuciado de la crisis de los 90, a los que echan de sus casas ahora

Hace tres años un grupo de leoneses de diversas localidades comenzó a trabajar, siguiendo los pasos de provincias como Córdoba o Málaga, para poner en marcha una plataforma ciudadana cuyo objetivo, según recoge su declaración de principios, es reaccionar ante la presión que ejercen las entidades bancarias sobre una parte de la sociedad: las familias y personas que tienen problemas para afrontar el pago de sus hipotecas porque se han quedado sin trabajo, carecen de recursos económicos y se ven obligadas a elegir entre dar de comer a sus hijos o pagar cuotas bancarias abusivas.

Fruto de ese trabajo inicial basado en labores de estudio, documentación y puesta al día, un año después la plataforma Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera vivía su primera acción pública: una dación en pago pactada en noviembre de 2011. Desde entonces, su actividad ha sido incesante y con un crecimiento continuo. “Ayer entraron seis. Estamos hablando de algo que no va a parar”, afirma convencido uno de los portavoces del colectivo, Juan Vicente Álvarez.

Implicado en esta causa desde el primer día, desvela -“será una sorpresa para mis compañeros, porque nunca lo he comentado”- que sabe bien de lo que habla porque “fui uno de los desahuciados en este país hace 20 años, en la crisis del 90. Sé lo que se vive y sé lo que es”. Comenta esto mientras acompaña a una familia que está en pleno proceso de negociación con el banco. “Nos dicen a todo que sí y luego puede llegar un proceso judicial El decreto-ley de las buenas prácticas, los bancos no se lo creen”.

Se refiere al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual en la versión prevista en la Ley antidesahucios, que entró en vigor el pasado mes de mayo y que supuso una nueva versión del Real Real decreto ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, aprobado en marzo de 2012, en el que se establecían mecanismos para permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender a su pago, al que se sumaron cerca de un centenar de entidades.

La complicada situación económica ha implicado una cascada de casos dirigidos a la plataforma, que llegaron a alcanzar los 500 y que ahora mismo se sitúan en unos 450. “Todos son candentes. Se han pasado el decreto-ley por el forro y de cara a la galería venden lo que quieren. Tenemos familias que ingresan 520 euros y que tienen que pagar 400 y pico de hipoteca”, señala. Son casos extremos, de gente que se ve sumergida en una situación que afecta a toda su vida. “Un desahucio implica tristeza, impotencia, incapacidad y vergüenza, que vives y pasas”, resume Juan Álvarez.

Esta complicada realidad afecta a todos los territorios. El paro está en todo los sitios, “y, por ejemplo, en la cuenca minera es un problema gravísimo... con la gente trabajando sin cobrar y la hipoteca es lo más caro que tienen que asumir y es un importe del que no puedes dar una parte, tienes que pagarlo todo. Por dejar un día de pagar, son 30 euros de interés”, señala. “¿Dónde están peor las cosas? Pues, por ejemplo, Astorga está al mismo nivel que cualquier municipio. Estamos en todos los sitios igual”, lamenta.

Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera acumula ya cerca de medio centenar de casos resueltos, 69 solicitudes de dación en pago presentadas, unas 90 denuncias por cláusulas abusivas ante el Banco de España y 168 peticiones de revisión de cláusulas a las entidades financieras. “Hemos conseguido muchas cosas”, señala Juan Álvarez. Entre esos éxitos destaca una paralización hipotecaria, la de Rosa y Paulino, de Bembibre, para los que lograron un periodo de carencia de cinco años y alquiler social.

Entre los que les ocupan en la actualidad, comenta el de un hombre que padece esquizofrenia y cuya madre tiene demencia senil. Cobraba una pensión de 386 euros y le concedieron un crédito de 112.000, con una cuota de 496. Reclaman para ellos dación en pago y alquiler social de por vida. “Porque esa metedura de pata no la puede cometer un banco. Es un caso sangrante. Su padre le dejó una herencia de 19.000 euros, la declaró y perdió la pensión. Ahora recibe algo más de 200 euros que le da el Ayuntamiento de Ponferrada”, resume sobre un expediente que ocupa 4.200 folios.

La actividad de asesoramiento, orientación, acompañamiento, negociación, movilizaciones, presencia y presión social que ejerce la plataforma se complementará, en breve, -al menos esas son las previsiones- con una nueva acción; un paso más rotundo cuyas posibles consecuencias legales estudian en estos momentos. La idea es iniciar la ocupación de pisos. Es lo que llaman 'pasar a la acción social' y ya lo aprobaron en asamblea. La decisión es firme y lo ven necesario porque, argumentan, los bancos y cajas muchas veces no cumplen su palabra. “La situación se queda en que los bancos juegan con las familias. Se plantea una dación en pago, dicen que lo estudian y luego te llega un proceso judicial”.

En cuanto tengan claro qué responsabilidades civiles o penales podrían concurrir en estos casos, comenzarán a ocupar viviendas. Son muy pocas personas las que están implicadas en la búsqueda de 'objetivos', algunos de los cuales ya han sido localizados, y lógicamente no tienen previsto hacer pública las ubicaciones de esos inmuebles. Pero, afirman, no tardarán en llevar a cabo esa nueva medida. Mientras, continua la actividad del colectivo, que recientemente hizo entrega en la Junta de cerca de 7.000 firmas que reclaman una intervención activa del gobierno autonómico en un problema que afecta a miles de familias de la Comunidad.

Preguntado sobre cuál es su meta, hasta cuándo piensan seguir esa lucha, la respuesta en clara: “Hasta conseguir que cada una de nuestras familias tenga el cumplimiento real del artículo 47 de la Constitución que reza: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.