Diario de León

La fiscal pide seis años de cárcel para el pedáneo de San Mamés de la Vega por quedarse 7.355 euros

Lo imputa por firmar en nombre del tesorero para apropiarse del dinero

Andrés Mures Fernández, alcalde pedáneo de San Mamés de la Vega, en imagen de archivo.

Andrés Mures Fernández, alcalde pedáneo de San Mamés de la Vega, en imagen de archivo.

León

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La representante del Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión para Adolfo Mures Fernández, alcalde pedáneo de San Mamés de la Vega por el PP, al que acusa de un supuesto delito continuado de falsedad documental en funcionario público y malversación de caudales, por haberse apropiado de 7.355 euros entre el 21 de septiembre del 2009 y el 16 de abril del 2010 utilizando la firma del tesorero de la Junta Vecinal.

Los hechos serán juzgados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León el próximo día 10 de diciembre, a partir de las 10.00 de la mañana, por el sistema del Tribunal del Jurado, según ha podido conocer este periódico. La vista durará tres días.

La acusación se fundamenta en la sospecha fundada de que entre el pedáneo tuvo acceso a la cuenta que la pedanía mantenía entre los años 2007 y 2011 con una entidad bancaria, a la que accedían solamente el secretario y el tesorero a través de su firma.

A criterio de la fiscal, en 16 ocasiones se produjeron reintegros desde esa cuenta en los que se retiraron un total de 7.355 euros entre las fechas del 21 de septiembre del 2009 y el 16 de abril del 2010.

Para llevar a cabo la operación, se falsificó presuntamente la firma del tesorero y el dinero, siempre de acuerdo a la versión de la Fiscalía, se dedicó a gastos personales y nunca fue retornado a las cuentas de la entidad vecinal.

Por todo ello, la representante del Ministerio Fiscal considera que se ha producido un delito de falsedad en documento mercantil por funcionario público y una malversación de caudales públicos, que a criterio de la acusación pública, merece una pena de seis años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas por espacio de diez años.

Además la fiscal exige el retorno de los 7.355 euros a las cuentas de la pedanía, en cumplimiento de la propuesta que realiza en el marco de su acusación.

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