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Val de San Lorenzo

El Ayuntamiento exige al portavoz del PSOE derribar el tejado de su casa

El concejal quiere que también se aplique la normativa a todos los incumplidores.

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a.g. valencia | astorga
León

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La brecha que separa a la alcaldesa de Val de San Lorenzo, Azucena Fernández de Cabo, y al portavoz socialista, Ricardo Fernández Luengo, se sigue acrecentando, después de que en el mes de abril se abriera un Expediente de Restauración de la Legalidad contra el edil del PSOE al considerar que su vivienda, más concretamente el tejado, no se adapta a las normas urbanísticas provinciales. «Lo que me solicitan es presentar un proyecto al Ayuntamiento y si dan el visto bueno derribar el tejado actual y hacer uno nuevo», confirmó el edil.

Al respecto, la alcaldesa aseguró ayer que «el proceso se encuentra actualmente en fase administrativa», aunque puntualizó que «si el propietario de la vivienda, —que es el portavoz del PSOE—, no se ajusta al expediente en un plazo de dos meses se abrirá la vía judicial e iremos al contencioso administrativo».

Por su parte, el edil socialista reconoció que su casa se construyó entre los años 2006 y 2007. «Tengo todos los permisos en regla y la documentación firmada por el arquitecto de la obra, y ahora después de seis años me dicen que no se ajusta a la legalidad», alegó el portavoz, quien considera que «esta actitud de la alcaldesa no es más que una persecución política». Y es que en su opinión «existen otros inmuebles en el pueblo que dudosamente se ajustan a esta normativa provincial y contra los que no se está actuando. ¿Por qué a unos si y a otros no?», se pregunta Ricardo Fernández, que denuncia que «en reiteradas ocasiones he pedido información sobre si otras casas se adecuan a la legalidad, pero todavía no he obtenido respuesta».

Además, el socialista confirmó que a principios de este mes «la regidora me impuso por este asunto una multa de 10.001 euros». Una decisión, «donde la alcaldesa actuó por decreto», según denunció el edil. No obstante, el portavoz ya ha presentado un recurso ordinario a esta sanción. «Como ciudadano tengo derecho a ir a la Justicia», aseguró.

El portavoz explicó que en el 2004 se inició la redacción del planteamiento urbanístico municipal, en el que se siguió trabajando hasta el 2011, «cuando la actual alcaldesa llegó al gobierno. Desde entonces está paralizado», criticó el concejal. De ahí que se apliquen las normas urbanísticas provinciales, aunque, según el portavoz, «la regidora se basa en algunas partes de un informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación para tomar esta decisión».