Las Cortes piden al Gobierno que flexibilice los requisitos de acceso a las ayudas del carbón

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad solicitar al Gobierno central que flexibilice los requisitos de la orden de acceso a las ayudas incluidas en el Plan de cierre para la minería del carbón no competitivo, destinadas a cubrir las pérdidas de la producción corriente a empresas en situación critica así como a las que entregan mineral a las eléctricas a través de la garantía de suministro.

Ëste fue el único punto recogido por el PP, que completó con la no exclusión en esa flexibilización de las empresas acogidas al Real Decreto de garantía de suministros, de once propuestas de una moción socialista, en la que se pedía también medidas para cubrir la “pobreza energética” de personas que han perdido el empleo y carecen de prestaciones.

El debate entre la socialista Ana Redondo y la popular Rosa Cuesta se centró en la seguridad jurídica del sector energético, que para la primera no existe y para la segunda sí, así como en la petición de planes de reindustrialización para las comarcas mineras y del valle burgalés de Tobalina como alternativas al plan de cierre de la minería y de la central de Garoña.

La popular Rosa Cuesta consideró que la moción era más política que energética y señaló que el déficit tarifario procede de las medidas aplicadas por el anterior Gobierno, con cinco subidas de la luz. “Caen en una contradicción energética”, aseguró, para recordar que el PSOE pide que se cierre Garoña y luego planes de reindustrialización.

Cuesta puso en valor el acuerdo sobre la minería y respaldó que se flexibilicen los requisitos que establecen las ayudas reguladoras para los ejercicios 2013 a 2018, pero emplazó a esperar antes de pedir planes de reindustrialización a que se desarrolle el plan del carbón aprobado por consenso.

Redondo reprochó al PP que “no haya movido ficha” cuando se conoció la orden reguladora de las ayudas al carbón para empresas en situación critica, rechazó que el déficit tarifario provenga del anterior Gobierno y preguntó “dónde dice que Garoña tenga que estar abierta”. “Hicieron bandera de una medida que no podían cumplir”, aseveró sobre la planta burgalesa.

“Son propuestas que comunidades que mira con lupa el PP se han puesto en marcha”, defendió Redondo ante el pleno, cuyas medidas recibieron el apoyo del Grupo Mixto a través del procurador Alejandro Valderas, que abogó por mantener el empleo actual en la minería.

En la moción socialista, defendida por Ana Redondo, se pide al Gobierno la flexibilización de la orden de acceso a las ayudas destinadas a cubrir perdidas en la minería, aclarar “cuanto antes” la regulación en materia energética, establecer una cuota para los biocombustibles y rechazar la fracturación hidráulica o fracking.

A la Junta de Castilla y León se reclama recursos propios al proyecto de captura, almacenamiento y transporte de CO2 que se desarrolla en la comarca de El Bierzo, planes de reindustrialización para las zonas afectadas por el Plan de cierre para la minería, para la comarca del Valle de Tobalina alternativo a Garoña y respetar la normativa para la concesión de parques eólicos.

Otras medidas pasan por promover proyectos de investigación orientados al reciclaje de plásticos para la producción de bioetanol, adoptar medidas contra la pobreza energética a través de moratorias en el corte de suministro para personas que han perdido el empleo o no tienen prestaciones y contemplar en el presupuesto de la renta de ciudadanía las cantidades para cubrir las necesidades energéticas básicas.