Una década de carísimos desaciertos
El déficit de tarifa es la deuda que se crea por la diferencia entre lo que cuesta poner la electricidad en los hogares e industrias y lo que éstos pagan en sus recibos. Una deuda con las eléctricas creada en 2002 por Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía (PP), para evitar que la luz subiera más del 2% anual. Desde entonces acumula alrededor de 35.000 millones de euros, que siguen engordando cada año. Este, sin ir más lejos, suma 4.481 millones a mes de octubre.
El impulso a las energías renovables bajo el mandato de Zapatero incrementó de forma imparable este déficit, al que ningún Gobierno ha sido capaz de poner coto. Porque para ello hay que afrontar el coste político de trasladar la deuda a los recibos de los ciudadanos, es decir, de los votantes.
La crisis ha agudizado además el sobredimensionamiento del mercado de generación español (hay 25.000 megavatios de potencia, y sobran 6.000). Sin embargo, hay que pagar todas las fuentes de producción, las renovables con sus primas y el resto para asegurar el suministro.
Por lo demás, el mercado eléctrico actual (creado en 1997) está pensado para un mix de generación muy diferente al actual. Y provoca que se pague al precio de la energía más cara en cada momento todo lo que se genera.
Las empresas mineras niegan que el carbón tenga algo que ver en este encarecimiento de la generación. Las ayudas que recibe (menos de 60 millones este año, frente a los 8.188 de las primas a las renovables entre enero y octubre) van con cargo a los presupuestos generales, y no al déficit de tarifa ni al recibo de la luz.
El ministro Soria calculó este año este déficit en 3.600 millones de euros, que incluyó en los presupuestos del Estado para dárselos a las eléctricas. Su compañero Montoro eliminó la partida, y sólo tras muchas presiones el todopoderoso sector consiguió arrancarle el respaldo de un aval. Que aún no se ha materializado. El resultado es un pulso permanente al Gobierno en los tribunales; y, según Soria, trasladar la presión a los ciudadanos a través de incrementos de precios como el pretendido la pasada semana. Algo que niegan las eléctricas.