La PAC favorecerá el fraude entre los «cazaprimas», según la Alianza
Ugal-UPA y Ucale-Coag sacarán a sus agricultores a la calle el 25 de febrero.
Víctor González y Matías Llorente anunciaron ayer una manifestación el 25 de febrero.
La Alianza por la Unidad del Campo, representada por Ugal-UPA y Ucale-Coag, anunció ayer en León la convocatoria de una manifestación a nivel regional el próximo 25 de febrero en Valladolid para protestar por la actual situación que atraviesa el sector agroganadero de la comunidad.
El secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, junto con el responsable de Ucale-Coag, Víctor González, explicó que el detonante de la decisión de lanzar sus protestas a la calle está motivada por la reforma de la PAC, que «se está vendiendo como un beneficio para el agricultor activo cuando todos sabemos que va a quedar como estaba, ya que hay una serie de recovecos para que todos los asentistas, agricultores de sofá y cazaprimas tengan la posibilidad de que en un año legalicen su situación y vuelvan de nuevo a cobrar la PAC». El representante de Ugal-UPA asegura que con la figura del agricultor activo, el que consigue del campo más del 20% de sus ingresos, «van a proliferar las facturas falsas para seguir cobrando la PAC». Por eso exige a la Consejería de Agricultura y Ganadería, y también al Gobierno, que «sea valiente y hable de actividad agrícola», término ya utilizado por la UE, para que el perceptor de las ayudas sea «aquel que produzca alimentos y respete el medio ambiente». Para ello, considera «imprescindible llevar a cabo un control exhaustivo de las facturas de inputs, en las que se refleje la compra de fertilizantes, semillas o pesticidas, y también de la venta de productos o de autoconsumo».
La Alianza recuerda que en España existen un millón de hectáreas de pradera «que declaran para cobrar la PAC», y que en la provincia de León existen unos dos mil expedientes «parados», de los 14.000 perceptores que hay, que podrían cobrar la ayuda el próximo mes de marzo».
Llorente también criticó el sistemas de comarcas agrícolas, demarcaciones que se contabilizan en Castilla y León en un número de entre 12 y 15. En este sentido exigió que sean homogéneas para que se tengan en cuenta los valores de los derechos para que las pérdidas nunca superen el 1% cuando converjan en el año 2019 .
La remolacha «ha sufrido una gran decepción», según Llorente, ya solo se acoplarán 16 millones de euros, lo que significa que «si se están cobrando nueve euros y medio por tonelada, ahora se cobrarán cuatro». Además criticó el hecho de que la ayuda no se repartirá por tonelada sino por hectárea. «El mal agricultor y el que menos producción tenga por hectárea cobrará más que el buen productor». Llorente pidió además que la ayuda acoplada vaya directamente al agricultor, y no a la industria, que actualmente tiene dos mil hectáreas en la comunidad y no descarta que el año que viene cierre alguna de las tres azucareras de la comunidad.
El llamado «tarifazo» será otro de los caballos de batalla de los agricultores, que ha llegado a incrementar los costes en algunas explotaciones de regadío hasta los 1.500 euros por hectárea. Llorente concretó que «esta subida eléctrica supone en la provincia de León cien mil euros, cuando sólo consumimos electricidad nocturna y sólo durante seis meses al año».
Por último, en relación al Plan de Desarrollo Rural, Llorente incidió en que el Gobierno adeuda a la Junta un total de 40 millones de euros, que han dejado de ingresarse desde hace dos años a los agricultores para las modernizaciones, incorporaciones y ayudas agroalimentarias. La Alianza duda que si cambian los porcentajes que tendrá que aportar la Junta en estas ayudas, del 70%, en vez del 50%, el dinero nunca llegue a los agricultores.