3.500 municipios se unen para recurrir la reforma local ante el Constitucional

Los ayuntamientos plantearán, por primera vez, un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional debido a la ley sobre la reforma local, al entender que invade la autonomía municipal y sus competencias. Este acuerdo ha sido alcanzado por representantes de los partidos de la mayoría del arco parlamentario, con la excepción del PP y del PNV, y alcaldes de estas formaciones que han consensuado un texto que será debatido y, en su caso, aprobado por los plenos municipales a partir del próximo lunes. Las fuerzas políticas que respaldan esta decisión suman 3.500 municipios y más de 15 millones de habitantes.

El ayuntamiento de mayor representatividad, probablemente el de Barcelona, remitirá el texto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lo enviará al Consejo de Estado para que emita un dictamen, tras el que se podrá interponer el recurso.

Así lo explicó ayer el secretario de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, tras una reunión con alcaldes y diputados de varias fuerzas políticas, en la que también se han comprometido a derogar la ley cuando cuenten con mayoría suficiente. A su juicio, la reforma local es regresiva y supone una contrarreforma de los ayuntamientos, al dejarlos como «meras oficinas administrativas bajo el Gobierno de turno» y establecer «mecanismos de tutela» por parte de otras administraciones, lo que condicionará la aplicación de los servicios públicos.

Zarrías señaló que, además de los recursos de las comunidades gobernadas por el PSOE, 50 diputados de su grupo firmarán el correspondiente recurso, que ya se elabora. La iniciativa para recurrir la ley por parte de los municipios surgió en la última conferencia política del PSOE, a raíz de una propuesta de la delegación de León. Para su puesta en marcha se necesitaba el apoyo de una séptima parte del total de ayuntamientos —1.160 de los 8.116 existentes—, que tienen que representar a una sexta parte de la población, 7,6 millones de ciudadanos.

Entre los motivos aducidos para la interposición del recurso, el bloque de partidos de la oposición alude a que la aplicación de la ley «puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, de la prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios». Además consideran que los servicios prestados por los ayuntamientos «pasarán a manos privadas por el conducto de las diputaciones, para conseguir un foco de negocio donde antes existía un elemento de calidad y de servicio público», según reza el documento consensuado por los partidos.

La propuesta que se llevará a los plenos de los ayuntamientos incluye el acuerdo para iniciar la tramitación del conflicto en defensa de la autonomía local y la solicitud del dictamen al Consejo de Estado. Además, se faculta al alcalde a iniciar todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos.