Centenares de regantes se manifiestan contra el 'tarifazo'

 

Centenares de regantes se concentraron hoy ante Delegación de Gobierno en Valladolid para alertar del riesgo del “tarifazo eléctrico” que sufre el sector, según los agricultores y ganaderos, y que ya supone un sobrecoste de 19,1 millones de euros anuales desde 2008, año de la eliminación del contrato especial, de los que tres corresponden a la entrada en vigor de la reforma energética del pasado verano.

En este sentido, alrededor de medio millar de personas, según la Policía Nacional, y 2.000 según Ferduero, convocante de la protesta como federación que aglutina a las comunidades de regantes de Castilla y León, respaldaron la movilización con la lectura de un manifiesto en el que se dieron a conocer las principales medidas que los regantes reivindican para atajar esta subida del recibo eléctrico. Un documento que pudieron entregar al subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ante la ausencia hoy del delegado, Ramiro Ruiz Medrano.

De forma pacífica y con el sonido de fondo de silbatos, petardos y pancartas reivindicativas con mensajes como 'el regadío se apaga', 'el campo se electrocuta' o 'el coste de la energía arruina al regadío', los profesionales del sector mostraron su indignación por la “injusta y discriminatoria”, según explicó el presidente de Ferduero, Ángel González Quintanilla, quien criticó la determinación que el Ejecutivo ha tomado para reducir el déficit de tarifa y que se traduce en un incremento de más de 19 millones de euros al año para el regadío de la región y más de 100 para el conjunto de España.

En los últimos seis años, la factura eléctrica se ha encarecido una media del 80 por ciento y en más de un 1000 por ciento los costes fijos, aunque sólo utilizan el servicio durante la campaña de riego.

Precisamente, las principales reivindicaciones se refieren a ese aspecto. “Proponemos fórmulas como un contador de energía real en las explotaciones o que se permitan dos contratos diferentes durante el año, uno para la época de más consumo y otro para el resto. No nos negamos a pagar lo que nos corresponde, pero no queremos que se nos apliquen más costes de los que no gastamos”, reprochó González Quintanilla, quien apuntó que la subida de la luz en un 2,7 por ciento aprobado para el mes de febrero aún no está cuantificado porque tampoco se ha regado nada.

Uso estacional

Al respecto, pidieron pagar de acuerdo a su régimen de uso estacional, abonando únicamente la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de los meses de riego. En su defecto, piden que la legislación permita realizar más de un contrato al año que despenalice los contratos de temporada.

Concretamente, las provincias que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia mecanismos de riego más eficientes son también las más afectadas por la nueva norma ya que, aunque permiten un ahorro de agua de hasta el 20 por ciento, duplican la demanda energética necesaria para funcionar. En la actualidad, Castilla y León suma 140.000 hectáreas de regadíos modernizados en superficie que utilizan energía eléctrica, más los riegos particulares -principalmente pozos en sondeos-, más difíciles de cuantificar, y que se estima se sitúen entre las 100.000 y las 120.000 hectáreas.

González Quintanilla destacó también que en los días precedentes se han mantenido encuentros con los subdelegados del Gobierno de todas las provincias de la Comunidad, que “entienden las peticiones del sector”, al igual que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, y “hasta el ministro de Agricutura, Miguel Arias Cañete”, que ayer se comprometió en sede parlamentaria que estudia para los regantes un contrato específico de suministro eléctrico. “Con buenas palabras no pagamos la factura. Necesitamos que se plasmen en el BOE”, apuntó.

Plan Nacional de Regadíos

Para los regantes el Plan Nacional de Regadíos definido por el Gobierno como el “más ambicioso que se ha diseñado en España” ha supuesto también “la ruina económica”, según el manifiesto leído por el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, que apoyó la protesta en Valladolid, como punto de partida de una serie de movilizaciones en el resto del país para el día 26 de febrero y que culminará con una gran concentración en Madrid a la que se esperan acudan más de 50.000 regantes.

Si bien este documento se dirigía a reforzar la competitividad del regadío, “lo cierto es que al haberse diseñado en función de unos costes energéticos que después se han disparado, actualmente resulta imposible amortizar la inversión, conduciendo al sector a un callejón sin salida”.

Por eso, aunque se saque pecho de las inversiones de más de 2.000 millones de euros previstas en esta legislatura para seguir con la modernización de regadíos, “como no es rentable modernizar, los agricultores preferirán permanecer anclados en el pasado antes que evolucionar hacia un futuro que los condena a la desaparición”, según del Campo.

Justicia eléctrica para la agricultura

En el manifiesto entregado en la Delegación de Gobierno, solicitaron “soluciones, que no tratos de favor”, como la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico, como el ejemplo de Italia, “donde las negociaciones de su Gobierno con la Comisión Europea han conseguido dar luz verde a esta medida, mientras que España parece moverse por motivos más recaudatorios que de interés general”.

Adaemás, con el fin de avanzar en la modernización de regadíos y minimizar los costes energéticos derivados de este proceso, exigen la articulación de la normativa marco adecuada para facilitar la producción de energía distribuida cerca de los centros de consumo, eliminado las trabas administrativas actuales.

Gran apoyo social

La protesta de Valladolid recibió el apoyo de todas las organizaciones agrarias de la Comunidad, en incluso del procurador del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas. En este sentido, el secretario regional de UPA, Julio López, en nombre de la Alianza por la Unidad del Campo, señaló que algunos cultivos, como la remolacha, pierden competitividad con este incremento del precio energético y que los profesionales sufren de forma “tremenda” con este sistema. “Hay margen para reducir impuestos”, dijo.

El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González-Palacín, sostuvo que no es lógico este subida “bestial” después de que los profesionales del sector han invertido en modernizaciones de regadíos y subrayó que es un “castigo a la inversión”. También confío en que el compromiso del Ministerio sea una realidad.

Por último, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, definió este aumento del precio de la energía de “impuesto revolucionario al sector” y criticó duramente la parte regulada, con una subida “indiscriminada incluso en los periodos en los que no se consume”. Por ello, abogó por fórmulas que adecuen contratos y costes en cada momento de consumo.